Una reciente auditoría estatal de la Comisión de Cannabis Medicinal de Alabama identificó cinco áreas de incumplimiento de las leyes y regulaciones estatales, incluyendo un sobrepago de más de $200,000 por un contrato legal y el incumplimiento de los procedimientos adecuados en el establecimiento de diversas tarifas.
Los Examinadores de Cuentas Públicas de Alabama auditan rutinariamente las agencias estatales. Su informe, publicado a finales de la semana pasada, también señaló violaciones de la ley de reuniones abiertas y problemas de mantenimiento de registros.
El período de auditoría fue del 17 de mayo de 2021 al 30 de septiembre de 2025. La comisión fue creada en 2021 cuando los legisladores aprobaron la legislación que permitía la venta limitada de productos de cannabis a pacientes que cuentan con la aprobación de un médico.
John McMillan, un ex tesorero estatal y comisionado de agricultura e industrias, fue nombrado director ejecutivo de la comisión por la gobernadora Kay Ivey.
El lunes, McMillan declaró a Alabama Daily News que la mayoría de los hallazgos del informe fueron el resultado de una curva de aprendizaje al establecer una agencia estatal desde cero.
Aseguró que los errores se están corrigiendo por el personal o se abordarán en la próxima reunión de la comisión. Esto incluye el establecimiento adecuado de una variedad de tarifas no determinadas por la ley estatal, incluidas las tarifas de transferencia y renovación anual de licencias comerciales.
Los problemas de incumplimiento de la Ley de Reuniones Abiertas de Alabama se derivaron de la revisión de las actas de 62 reuniones de la comisión. Las actas no siempre reflejaban la ubicación de la reunión, los miembros de la comisión asistentes o si asistieron a las reuniones en persona o virtualmente, y cuándo comenzó y terminó una sesión ejecutiva.
Sin embargo, el hallazgo de la auditoría que más preocupó a la comisión, según McMillan, fue el sobrepago de $204,000 por honorarios legales. Afirmó que esto estaba fuera del control de la comisión.
“Teníamos el contrato, sabíamos que el contrato aprobado por (el Comité de Revisión de Contratos Legislativos) era de $400,000”, dijo. “Y cuando recibimos la factura del bufete de abogados que nos superó en los $400,000, no la pagamos. Dijimos, no podemos pagar esto, excede el monto del contrato.
“Así que, los abogados tuvieron que acudir a la Junta de Ajustes —realizaron el trabajo, no había duda de eso— y la Junta de Ajustes aprobó el pago del monto adicional”.
La comisión ha tenido múltiples contratos legales y los registros estatales muestran múltiples pagos al bufete de abogados Webster Henry y, por separado, al abogado William Webster desde 2022.
La auditoría también detalla la financiación y el gasto de la comisión. Recibió $21.7 millones del presupuesto del Fondo General del estado durante el período de auditoría de cuatro años. La comisión también recibió $2.77 millones en tarifas de licencia.
Ha gastado $22.1 millones, incluidos $3.4 millones en costos de personal y $4.6 millones en servicios profesionales, incluidos abogados.
La ley estatal establece que los productos de marihuana deben cultivarse y procesarse en Alabama. La comisión fue responsable de licenciar a cultivadores, procesadores y dispensarios, pero el proceso de solicitud de las lucrativas licencias se retrasó durante años debido a errores en la puntuación y demandas.
Las licencias se han emitido ahora para las tres categorías comerciales individuales. McMillan dijo que los productos podrían estar en los estantes para los pacientes a mediados de abril.
Las licencias aún están pendientes para cinco licencias integradas de “de la semilla a la venta” donde las empresas cultivan, procesan y operan sus propios dispensarios. Esas podrían emitirse este verano, le dijo McMillan a ADN.
Mientras tanto, la Junta de Examinadores Médicos de Alabama ha aprobado hasta ahora a 29 médicos en todo el estado para emitir tarjetas de cannabis medicinal a los pacientes.
