Brasil se ha consolidado como un actor fundamental en la transición energética global gracias a su liderazgo en la producción de biocombustibles, particularmente el etanol de caña de azúcar y el biodiésel de soja. Sin embargo, este auge económico y ambiental se enfrenta a una realidad compleja: la expansión de estas industrias en regiones donde el Estado tiene poca presencia y el crimen organizado ejerce un control territorial significativo.
La intersección entre la energía verde y la ilegalidad
El crecimiento de la demanda de combustibles sostenibles ha impulsado la expansión de la frontera agrícola en Brasil. No obstante, este proceso ha coincidido con el fortalecimiento de lo que se denomina la «frontera criminal», donde la apropiación ilegal de tierras, conocida como grilagem, se ha convertido en una herramienta para el control de vastos territorios.
La problemática radica en que la presión por aumentar la producción de biomasa puede incentivar la deforestación ilegal y el desplazamiento de comunidades locales, creando un entorno donde las actividades lícitas de producción de biocombustibles se entrelazan con redes criminales que gestionan la tierra y los recursos.
El rol del crimen organizado en el sector agroindustrial
Organizaciones criminales, con el Primeiro Comando da Capital (PCC) como ejemplo prominente, han diversificado sus operaciones. Más allá del tráfico de drogas, estas estructuras han comenzado a infiltrarse en sectores legales de la economía, incluyendo la agroindustria y la explotación de recursos naturales. Esta diversificación les permite lavar activos y consolidar su poder económico a través del control de la cadena de suministro y la tenencia de la tierra.
La capacidad de estos grupos para operar en las zonas fronterizas y en el interior del país plantea un riesgo sistémico para la seguridad jurídica de las inversiones en el sector de los biocombustibles y pone en duda la trazabilidad de los productos que llegan al mercado internacional.
Desafíos para la sostenibilidad y la inversión
Para los inversores y las empresas que buscan cumplir con estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), el escenario brasileño presenta un desafío crítico. La posibilidad de que la biomasa utilizada para los biocombustibles provenga de tierras obtenidas ilegalmente o controladas por mafias locales compromete las certificaciones de sostenibilidad.
La lucha contra la deforestación en la Amazonía y el Cerrado no es solo un imperativo ecológico, sino también una necesidad económica para asegurar que el «boom» de los biocombustibles no termine financiando indirectamente la infraestructura del crimen organizado en Brasil.
