Australia implementó este martes una pionera prohibición del uso de redes sociales para adolescentes, impidiendo que menores de 16 años accedan a diez plataformas populares: YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads, X y Kick. Las empresas de redes sociales se enfrentan a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32,9 millones de dólares estadounidenses) si no toman “medidas razonables” para identificar y eliminar a los usuarios menores de edad.
¿Qué ocurrió?
El primer ministro Anthony Albanese declaró que este día es “un motivo de orgullo” para las familias australianas y que “marcará una enorme diferencia” en la protección de los niños frente a los daños de las redes sociales. Según encuestas, la prohibición, que fue aprobada hace un año con un amplio apoyo político, es “tremendamente popular entre los padres”, pero “mucho menos popular entre los niños”, según informó la BBC. En un mensaje en video, Albanese sugirió a los niños que “comiencen un nuevo deporte, aprendan a tocar un instrumento o lean ese libro” que llevan tiempo posponiendo.
La implementación de esta ley culmina un año de debate sobre si algún país podría impedir de manera práctica que los niños utilicen plataformas que están integradas en su vida diaria, según señaló Reuters. También “inicia una prueba en vivo para gobiernos de todo el mundo, frustrados por la lentitud de las empresas de redes sociales en la implementación de medidas de reducción de daños”. Los críticos, incluidas las empresas tecnológicas “desesperadas por evitar que otros países implementen prohibiciones similares”, argumentan que la ley es demasiado amplia, que dejará a los niños aislados y que puede ser fácilmente eludida por adolescentes con conocimientos tecnológicos, según la BBC.
¿Qué sigue?
Dos adolescentes de 15 años, respaldados por un grupo de defensa, han presentado un desafío legal a la ley, argumentando que “roba indebidamente a 2,6 millones de jóvenes australianos un derecho a la libertad de expresión política implícito en la constitución australiana”, según informó The Associated Press. Se celebrará una audiencia inicial en febrero.
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