Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha sido imputada formalmente por cuatro delitos tras una investigación judicial en Madrid. El juez instructor, Juan Carlos Peinado, ha propuesto en su resolución que Gómez sea juzgada por un jurado.
Los cargos presentados contra Gómez incluyen tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de fondos públicos y apropiación indebida. Esta decisión es el resultado de una investigación de dos años, iniciada en abril de 2024, cuyo objetivo era determinar si la esposa del mandatario había aprovechado su posición para obtener beneficios privados.
El centro de la investigación: la cátedra de la Universidad Complutense
El caso se focaliza en la creación y gestión de una «cátedra» en la Universidad Complutense de Madrid, la cual era codirigida por Begoña Gómez. Según el juez, el cargo de tráfico de influencias se relaciona con esta iniciativa académica, argumentando que, desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia en 2018, se tomaron «ciertas decisiones públicas» para favorecer dicho proyecto.
En cuanto a la acusación de corrupción, el juez sostiene que la cátedra funcionó como una «fachada» para movilizar fondos privados y integrarlos en el patrimonio personal de Gómez, mencionando asimismo la existencia de «compensaciones ocultas» vinculadas a empresas asociadas a promesas de contratos públicos.
Otros implicados y el uso de fondos públicos
La propuesta del juez Peinado incluye que Gómez sea juzgada junto al empresario Juan Carlos Barrabés y su asistente, Cristina Álvarez. Respecto a Álvarez, el cargo de malversación se fundamenta en que, a pesar de ser empleada del Gobierno y percibir fondos públicos, presuntamente realizó servicios vinculados a las actividades profesionales de Gómez.
Actualmente, la Fiscalía y la defensa disponen de un plazo de cinco días para responder a la resolución. La decisión definitiva sobre si el caso irá a juicio será tomada por un juez distinto.
Reacciones políticas y contexto
Tanto Begoña Gómez, quien se encuentra en una visita oficial a China junto al presidente, como Pedro Sánchez, han negado sistemáticamente cualquier irregularidad. El presidente español ha calificado las acusaciones como un intento de los sectores de derecha para socavar su gobierno.
Por su parte, los partidos de la oposición han solicitado la dimisión de Sánchez. El proceso judicial tuvo su origen en una denuncia presentada por un grupo anticorrupción con vínculos de extrema derecha.
