El exsoldado Ben Roberts-Smith, uno de los militares más condecorados de Australia, ha sido puesto en libertad bajo fianza tras permanecer más de una semana en custodia por presuntos crímenes de guerra.
Roberts-Smith, de 47 años, fue arrestado el 7 de abril en el Aeropuerto Internacional de Sydney mientras llegaba en un vuelo desde Brisbane. Las autoridades lo acusan de cinco cargos por el delito de guerra de asesinato, supuestamente cometidos en Afganistán durante los años 2009 y 2012, cuando servía en el Servicio Aéreo Especial (SAS) de las Fuerzas de Defensa australianas.
Según la información proporcionada por sus abogados, el caso involucra circunstancias jurídicas inéditas y se encuentra en «territorio legal no explorado». Señalaron que el proceso podría extenderse durante años, con «muchas vueltas y revueltas», y argumentaron que exigir que su cliente se defienda desde la cárcel comprometería la equidad del juicio.
La fiscalía se opuso inicialmente a la concesión de la fianza, destacando la «grave seriedad» de los cargos y los riesgos de fuga o de interferencia con testigos y pruebas. Sin embargo, el juez finalmente otorgó la libertad bajo fianza al considerar que existían «circunstancias excepcionales» en el caso.
Los alegatos contra Roberts-Smith se relacionan con cinco presuntos asesinatos de civiles en la provincia de Uruzgan, Afganistán. Estas acusaciones ya habían sido mencionadas previamente en los medios y surgieron con mayor fuerza tras la publicación del Informe Brereton en 2020, que encontró información creíble sobre posibles crímenes de guerra cometidos por miembros de las fuerzas especiales australianas en Afganistán entre 2005 y 2016.
Durante la audiencia, los padres de Roberts-Smith estuvieron presentes, y un grupo de sus simpatizantes se reunió afuera del tribunal de Sydney. El soldado apareció mediante enlace de video desde el centro correccional de Silverwater, donde había permanecido detenido desde su arresto.
Su defensa sostuvo que la intensa y prolongada cobertura mediática del caso podría afectar la posibilidad de un juicio justo, sugiriendo que quizás sea necesario que una instancia superior evalúe si, en esas condiciones, un proceso equitativo sería «simplemente imposible».
El caso continúa y se espera que tome varios años en resolverse, dado su complejidad jurídica y el contexto internacional en el que se enmarcan las acusaciones.
