Nuevas barreras comerciales amenazan la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea a partir de 2026. Las negociaciones para un “reajuste” post-Brexit avanzan lentamente, mientras que las regulaciones de la UE se multiplican a un ritmo superior a la capacidad de los negociadores británicos para mitigarlas.
La principal preocupación reside en que estas nuevas cargas afectan a múltiples sectores simultáneamente, generando un aumento directo de los costos para los exportadores británicos. Si bien el gobierno británico se centra en la agricultura, la alimentación y la energía, las empresas demandan soluciones más rápidas.
El 1 de enero entró en vigor el Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM) de la UE. Los importadores de productos con alta intensidad de carbono –como acero, hierro, electricidad o fertilizantes– deberán ahora proporcionar datos de emisiones y adquirir certificados CBAM a los precios del mercado de carbono europeo. Formalmente, la obligación recae sobre los importadores de la UE, pero en la práctica, la carga administrativa y de datos se traslada rápidamente a los exportadores británicos.
Aunque el Reino Unido y la Unión Europea han acordado conectar sus sistemas de comercio de emisiones, este es un proceso largo y, mientras tanto, las empresas británicas se verán obligadas a vender a la UE a un precio más elevado.
La industria siderúrgica británica enfrentará un nuevo golpe en 2026: la UE prevé reducir a la mitad la cantidad de acero importado en junio, imponiendo un arancel del 50% al volumen que exceda ese límite. Paralelamente, Bruselas prepara un paquete de política industrial denominado “Industrial Accelerator Act”, que, según los planes, orientaría las compras públicas hacia productos fabricados en la UE, lo que podría afectar significativamente a los proveedores de terceros países, como el Reino Unido, que buscan acceder al mercado europeo.
A partir del 1 de julio, se endurecerán las normas para el comercio electrónico: la UE eliminará el umbral de exención de aranceles de 150 euros y aplicará un arancel de 3 euros por cada artículo enviado directamente a los consumidores de la UE, independientemente de su valor.
Si bien los productos de origen británico seguirán exentos de aranceles, las tasas administrativas y los costos de gestión, que varían según el país, aumentarán los precios.
La Cámara de Comercio Británica (British Chambers of Commerce) advierte que esto reducirá especialmente los márgenes de beneficio de las pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas que venden a través del comercio electrónico.
A finales de año, entrará en vigor un nuevo arancel en la industria automotriz: los vehículos eléctricos británicos equipados con baterías fabricadas en China estarán sujetos a un arancel del 10% al ingresar a la UE, como parte de las medidas de la UE contra la dominación china.
Además, a finales de 2026 entrará en vigor el reglamento de la UE sobre deforestación. Los exportadores medianos y grandes deberán demostrar que sus productos –como carne de res, café, aceite de palma o madera– no están relacionados con la deforestación. Esto requerirá nuevos sistemas de seguimiento y costos adicionales, mientras que en el caso de Irlanda del Norte, la aplicación de las normas sigue siendo incierta.
El descontento del sector empresarial británico está en aumento, como lo demuestra el hecho de que una encuesta revela que el 54% de los exportadores considera que el actual acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido no ayuda a expandir sus ventas. El gobierno confía en lograr concesiones a través de negociaciones, pero los resultados tardan en llegar. Mientras tanto, el Primer Ministro Keir Starmer promete un enfoque más abierto y aboga por una mayor alineación sectorial con el mercado único.
Descarta un regreso a la unión aduanera, pero la revisión quinquenal del acuerdo UE-Reino Unido, prevista para 2026, podría dar una nueva dirección a las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la UE.
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