British Gas acuerda pago récord de £20 millones por instalación ilegal de medidores prepago
La compañía energética británica British Gas, propiedad de Centrica, ha cerrado un acuerdo histórico para compensar a sus clientes tras una investigación que reveló prácticas cuestionables en la instalación de medidores prepago sin el consentimiento explícito de los usuarios. Según fuentes oficiales, la empresa ha acordado un pago total de £20 millones (aproximadamente $25,5 millones al cambio actual) como parte de una solución extrajudicial que incluye compensaciones directas y medidas correctivas.
El regulador británico del sector energético, Ofgem, confirmó el cierre de la investigación tras determinar que British Gas había incumplido los protocolos de instalación de medidores prepago en casos donde los clientes no habían dado su autorización expresa. Aunque la compañía argumentó que las intervenciones se realizaron bajo warrants judiciales, los hallazgos del organismo revelaron que en múltiples ocasiones no se cumplieron los requisitos legales para proceder con estos cambios unilaterales.
El acuerdo, anunciado por la BBC y confirmado por Centrica, cubre a todos los clientes que tuvieron medidores prepago instalados sin su permiso explícito durante el período investigado. Las compensaciones incluirán reembolsos por los costos adicionales derivados de la transición forzada, así como ajustes en las facturas para corregir posibles sobrecargos.
El caso ha generado un impacto significativo en el sector, no solo por el monto económico —uno de los mayores registros en litigios regulatorios del Reino Unido en el ámbito energético—, sino también por las implicaciones legales y reputacionales para British Gas. La compañía ya había anunciado en febrero de 2023 la suspensión de estas prácticas tras informes previos sobre vulnerabilidad en clientes, aunque la investigación de Ofgem profundizó en el alcance del problema y las irregularidades procesales.
Mientras tanto, el regulador ha enfatizado que este acuerdo no exime a British Gas de futuras responsabilidades si se identifican más casos de incumplimiento. La medida también podría servir como precedente para otros operadores del sector, obligándolos a reforzar los procedimientos de consentimiento informado en la instalación de dispositivos inteligentes o prepago.
El pago de £20 millones —equivalente a $27 millones según conversiones recientes— refleja no solo el costo financiero para la empresa, sino también el daño a la confianza de los consumidores. Para Centrica, dueña de British Gas, el caso representa un desafío adicional en un contexto donde la transición energética y la digitalización de redes exigen mayor transparencia y cumplimiento normativo.
Las compensaciones se distribuirán en las próximas semanas, aunque los detalles específicos sobre cómo se calcularán los montos individuales para cada afectado aún no han sido detallados públicamente. Lo que sí queda claro es que este episodio subraya la necesidad de mecanismos más robustos de protección al consumidor en un sector donde la tecnología y la regulación avanzan a ritmos distintos.
