El cambio climático está desplazando hacia cotas más altas el riesgo de desprendimientos rocosos en España, según un estudio publicado en la revista Earth Surface Dynamics y liderado por investigadores de la Universidad de Granada. Los datos revelan que el aumento de las temperaturas y la alteración de los patrones de congelación-deshielo están acelerando la meteorización por heladas en zonas montañosas, con un impacto directo en la seguridad de infraestructuras críticas como carreteras y presas.
¿Por qué el riesgo de desprendimientos se desplaza hacia arriba?
El estudio, basado en modelos climáticos y registros históricos de incidentes, atribuye este fenómeno a dos factores clave. En primer lugar, el retroceso de los glaciares en los Pirineos y Sierra Nevada —que actúan como barrera natural contra la erosión— ha dejado expuestas rocas más jóvenes y menos consolidadas. Según los autores, el 40% de los desprendimientos registrados en la última década en España han ocurrido en altitudes superiores a los 2.000 metros, frente al 22% de hace 30 años.
En segundo lugar, los ciclos de congelación-deshielo —responsables del 70% de la fragmentación rocosa en zonas templadas— se están intensificando. «Las heladas son ahora más frecuentes en cotas donde antes no ocurrían», explica el geólogo Javier Martín-Vide, coautor del trabajo. Los sensores instalados en el Parque Nacional de Aigüestortes (Lleida) han detectado un aumento del 35% en la actividad de grietas en rocas desde 2010, coincidiendo con inviernos más cortos pero con episodios de frío extremo más localizados.
¿Qué zonas de España son las más afectadas?
Los datos del estudio señalan que los Pirineos y el sistema Ibérico concentran el mayor riesgo, seguido de áreas de la cordillera Cantábrica. Según los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN), entre 2018 y 2023 se produjeron 127 incidentes graves —definidos como desprendimientos superiores a 100 metros cúbicos— en estas regiones, con un coste medio de reparación de infraestructuras de 1,2 millones de euros por evento.
El caso más documentado es el de la carretera N-260 en Huesca, donde en 2022 un desprendimiento bloqueó el tráfico durante tres meses. Los expertos vinculan este tipo de incidentes a la combinación de rocas calizas porosas —comunes en la zona— y la acumulación de agua en grietas durante los deshielos prematuros. «El problema no es solo la cantidad de hielo, sino su distribución en el tiempo», aclara Martín-Vide. «Antes teníamos inviernos largos con heladas constantes; ahora tenemos picos de frío intenso en otoño o primavera, que dañan las rocas de forma más agresiva».
¿Cómo afecta esto a la tecnología de prevención?
Las soluciones tradicionales, como las redes de contención o los sistemas de drenaje, están siendo insuficientes. Según el estudio, el 68% de los desprendimientos en zonas monitorizadas no fueron detectados por los métodos convencionales hasta que ya habían superado los 50 metros cúbicos. Esto ha impulsado el desarrollo de tecnologías basadas en inteligencia artificial y sensores remotos.
Un ejemplo es el proyecto «RockFallAI», liderado por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) en colaboración con el IGN. Este sistema, probado en la presa de Sau (Barcelona), combina lidar aerotransportado con algoritmos que predicen patrones de fractura en tiempo real. «Podemos identificar grietas activas con una precisión del 92%», detalla la ingeniera Laura Ruiz, responsable del proyecto. Sin embargo, los costes —entre 50.000 y 100.000 euros por instalación— limitan su despliegue a infraestructuras estratégicas.
Otra alternativa son los sensores de fibra óptica distribuida (DTS), ya implementados en túneles de la red de alta velocidad española. Estos sistemas, que miden variaciones de temperatura a lo largo de kilómetros de cable, han permitido detectar hasta un 40% más de actividad sísmica premonitoria en zonas rocosas, según datos de ADIF. «La clave está en cruzar estos datos con modelos climáticos», señala Ruiz. «No sirve de nada medir grietas si no sabemos qué condiciones meteorológicas las activan».
¿Qué pasa con las presas y embalses?
El estudio advierte de un riesgo adicional en 12 grandes embalses españoles, donde la acumulación de bloques de roca en las zonas de coronación puede comprometer su estabilidad. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el 30% de estos infraestructuras —como el pantano de Entrepeñas (Guadalajara) o el de Rioseco (Soria)— tienen registros de desprendimientos en los últimos cinco años.
En el caso del embalse de Rioseco, un desprendimiento en 2021 obligó a evacuar temporalmente la zona y a reforzar la ladera con mallas de acero y anclajes químicos a un coste de 1,8 millones de euros. «El problema es que estas soluciones son paliativas», explica el ingeniero Pablo López, del Organismo de Cuencas del Ebro. «Sin una adaptación del diseño de las presas a estos nuevos escenarios, el riesgo seguirá creciendo».
El estudio propone integrar en los planes de gestión de infraestructuras mapas de vulnerabilidad climática, que combinen datos geológicos con proyecciones de modelos como el Copernicus Climate Change Service. Según los autores, esto podría reducir hasta un 50% los costes de mantenimiento en zonas de alto riesgo.
¿Qué dice la comunidad científica sobre estos hallazgos?
Los resultados han sido validados por expertos internacionales, como el glaciólogo Martin Hoelzle, de la Universidad de Ginebra. «Este estudio confirma una tendencia que ya observábamos en los Alpes: el cambio climático no solo intensifica los eventos extremos, sino que los redistribuye», señala Hoelzle. «En España, el efecto es aún más pronunciado por la orografía y la alta densidad de infraestructuras en zonas montañosas».
Sin embargo, algunos científicos advierten sobre la necesidad de más datos a largo plazo. «Faltan registros sistemáticos en zonas como los Picos de Europa o el Macizo de Aneto», señala la geógrafa María José Polanco, de la Universidad Complutense de Madrid. Polanco destaca que, mientras en los Pirineos se han instalado 47 estaciones de monitorización desde 2015, en otras regiones la cobertura es casi nula.
El estudio concluye que, sin medidas urgentes, el riesgo de desprendimientos en España podría aumentar entre un 30% y un 50% para 2050, según los escenarios del IPCC. Los autores proponen priorizar la adaptación de infraestructuras críticas y la formación de equipos de respuesta rápida en zonas de montaña.
