Canada cancela miles de solicitudes de asilo y deja a migrantes en limbo legal

by Editora de Noticias

Un ciudadano palestino que donó un riñón a su hermana canadiense en 2023 podría quedar excluido de presentar una solicitud de refugio bajo la nueva ley canadiense Bill C-12, según informes de medios locales.

La ley, que entró en vigor el 26 de marzo de 2026, establece que los solicitantes de asilo que ingresaron a Canadá después del 24 de junio de 2020 deben presentar su reclamo dentro de un año desde su entrada al país, de lo contrario podrían ser denegados el acceso a una audiencia ante la División de Protección de Refugiados.

El caso del hombre, identificado como Mohammed Al Hindi, ha generado preocupación porque ingresó a Canadá de manera legal en 2023 para realizar la donación de órganos, pero ahora, al buscar protección por el deterioro de la situación en Gaza, podría enfrentar la denegación de su solicitud debido al requisito retroactivo de un año.

Autoridades de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá (IRCC) han comenzado a enviar cartas de equidad procesal a aproximadamente 30,000 personas, solicitando que justifiquen por qué sus reclamos deberían continuar. Quienes no logren convencer a un oficial podrían ser derivados a una evaluación previa de riesgo de remoción en formato solo documental, que tiene una tasa de aprobación significativamente menor y ofrece escasos recursos legales.

Organizaciones y expertos en migración han advertido que esta medida afecta desproporcionadamente a personas que entraron al país por razones humanitarias o familiares y que, debido a cambios en las condiciones de sus países de origen, posteriormente buscaron asilo. Algunos critican que el gobierno está utilizando el acumulado de más de 300,000 solicitudes pendientes como justificación para reducir los niveles de inmigración.

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Mientras tanto, la oficina del ministro de Inmigración ha defendido los nuevos plazos como necesarios para fortalecer la integridad del sistema fronterizo y migratorio del país, argumentando que evitan abusos y aseguran un procesamiento más ordenado de los casos.

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