Activistas y expertos legales están instando a la Policía Montada Real de Canadá (RCMP) a iniciar una “investigación estructural” sobre crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión en Irán. Esta investigación, que implica la recopilación de pruebas, podría sentar las bases para futuros enjuiciamientos de funcionarios vinculados a estos delitos.
Brandon Silver, abogado internacional de derechos humanos y director fundador de políticas y proyectos en el Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos, señaló que “sabemos que hay varios funcionarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Canadá, y también una gran diáspora iraní con pruebas sustanciales que pueden proporcionar a la RCMP”.
Según Silver, la RCMP tiene la capacidad de iniciar este tipo de investigación, enfocada en crímenes contra la humanidad.
Este impulso se produce tras la confirmación por parte de la junta editorial de Iran International de que más de 36.500 iraníes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad durante la represión del 8 y 9 de enero, considerada la masacre de protestas más mortífera en la historia.
Los defensores de los derechos humanos argumentan que Canadá debe garantizar que los perpetradores no puedan encontrar refugio en el extranjero y que los canadienses de origen iraní tengan una vía directa para denunciar pruebas.
Nazanin Afshin-Jam, miembro del Colectivo de Justicia Iraní, explicó que las investigaciones estructurales proporcionarían a los canadienses de origen iraní un camino concreto para presentarse y comenzar el proceso de rendición de cuentas.
Llamamientos desde el Parlamento
Esta iniciativa se intensificó después de una jornada de reuniones y testimonios en Ottawa, donde Afshin-Jam compareció ante el Subcomité de Derechos Humanos Internacionales de la Cámara de los Comunes. “Ayer fui invitada a testificar ante el subcomité de derechos humanos internacionales para actualizar la situación de los derechos humanos en Irán y también para ofrecer algunas recomendaciones”, declaró.
Afshin-Jam precisó que el objetivo era presionar a Canadá para que pasara de las declaraciones de condena a acciones concretas.
Presión sobre el IRGC
Silver también instó a Ottawa a ampliar las sanciones contra los altos funcionarios que dirigen la represión, comenzando por el Ayatolá.
Además, argumentó que Canadá debería coordinarse estrechamente con sus aliados a medida que aumenta la presión internacional sobre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Afshin-Jam recordó que Canadá ya ha tomado medidas significativas en el pasado, como incluir al IRGC en la lista de organizaciones terroristas y cerrar su embajada en Teherán, y que debería volver a liderar entre las democracias occidentales.
Los activistas se mostraron alentados por las señales de compromiso bipartidista en el Parlamento, pero subrayaron que el siguiente paso debe ser el seguimiento: la recopilación de pruebas, la aplicación de sanciones y la acción internacional coordinada.
