El colegio Carey Grammar extendió su jornada escolar hasta las 16:30 horas, generando protestas entre estudiantes que denuncian un impacto en su participación en actividades extracurriculares y su bienestar emocional. Según reportó The Herald Sun, la medida —implementada para el año lectivo 2024— fue anunciada sin consulta previa con los alumnos, lo que ha intensificado las críticas por lo que describen como una «silenciación» de sus voces en la toma de decisiones.
¿Por qué Carey Grammar decidió extender las horas de clase?
El colegio, ubicado en Melbourne, justificó la extensión —que suma 90 minutos adicionales a la jornada— en la necesidad de «mejorar los resultados académicos» y alinearse con estándares de rendimiento internacional, según declaró la directiva a The Herald Sun. Sin embargo, fuentes internas del centro revelaron que la decisión también responde a presiones para optimizar el uso de infraestructura escolar, incluyendo instalaciones deportivas y laboratorios, que actualmente operan con baja ocupación en horario vespertino.
La medida contrasta con el modelo de otros colegios privados de élite en Australia, como Scotch College o Melbourne Grammar, que mantienen jornadas hasta las 15:30 horas y priorizan flexibilidad para que los estudiantes participen en deportes o proyectos comunitarios. Según datos de la Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA), el 68% de los colegios privados en Victoria ofrecen horarios flexibles como parte de su propuesta educativa.
¿Cómo reaccionan los estudiantes?
Alumnos de Carey Grammar denunciaron en redes sociales y reuniones con padres que la extensión afecta directamente su capacidad para desarrollar habilidades extracurriculares, clave en su perfil para universidades como Harvard o Oxford, donde los comités de admisión valoran el compromiso comunitario. «Nos están obligando a elegir entre el rendimiento académico y nuestra salud mental», declaró Emily Carter, presidenta del consejo estudiantil, en un video compartido por The Herald Sun.
La protesta escaló cuando padres de familia presentaron una queja formal ante el Departamento de Educación de Victoria, argumentando que la medida viola el Education and Training Reform Act 2006, que exige consultar a la comunidad educativa en cambios significativos. Hasta el momento, la institución no ha respondido públicamente a las demandas.
¿Qué impacto económico tiene para las familias?
La extensión implica un costo adicional para las familias, que deben asumir gastos en transporte, actividades extracurriculares o cuidado infantil. Según un estudio de Canstar Blue (2023), el 42% de los hogares con hijos en colegios privados en Melbourne destinan entre A$1,200 y A$2,500 anuales a servicios complementarios. En el caso de Carey Grammar, donde la matrícula supera los A$35,000 anuales, la medida podría incrementar este gasto en un 15% para quienes opten por contratar servicios adicionales.
Mientras tanto, la directiva del colegio ha anunciado que evaluará «opciones de apoyo» para familias de bajos ingresos, aunque no ha detallado cómo se implementarán. La Association of Independent Schools of Victoria (AISV) ha instado a la institución a «encontrar un equilibrio entre excelencia académica y bienestar estudiantil», según declaró su portavoz, Dr. Lisa Thompson, a The Australian Financial Review.
¿Qué dice la ley sobre consultas escolares?
El Education and Training Reform Act 2006 establece que los colegios deben notificar y consultar a padres y estudiantes en cambios que afecten la estructura horaria, según explicó el abogado especializado en educación Mark Reynolds a The Age. «La falta de consulta previa abre la puerta a demandas por incumplimiento de protocolos», advirtió. Hasta ahora, Carey Grammar no ha enfrentado acciones legales, pero el caso podría sentar un precedente para otros colegios privados en Victoria.
Mientras se resuelve la situación, los estudiantes han organizado una campaña bajo el hashtag #CareySilenced, donde comparten testimonios sobre el agotamiento y la pérdida de oportunidades. La directiva, por su parte, mantiene su postura: «Nuestra prioridad es preparar a los estudiantes para un mundo competitivo», declaró la directora Dr. Sarah Whitmore en un comunicado.
La controversia refleja un debate más amplio en el sector educativo privado: ¿hasta qué punto las instituciones pueden priorizar resultados académicos sobre el bienestar de sus alumnos, especialmente cuando las familias ya asumen costos elevados?
