Ante el agravamiento de la situación de orden público en el Catatumbo, provocado por la reanudación de enfrentamientos entre el ELN y el ‘frente 33’ de las disidencias de las FARC, el gobierno colombiano ha desplegado un refuerzo militar y aéreo para contener las acciones de estos grupos armados y mitigar el impacto humanitario sobre la población civil.
El despliegue incluye el fortalecimiento de los dispositivos de la Fuerza Pública, con reconocimientos aéreos, apoyo de fuego del Ejército y operaciones coordinadas con la Fuerza Aérea Colombiana. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, esta medida responde al “deber del Estado de proteger a las comunidades, preservar el control territorial y frenar el accionar de los grupos armados, bajo criterios de legalidad, firmeza y respeto por la vida”.
Las operaciones se están llevando a cabo de manera conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía, lo que ha permitido, según informes oficiales, que las vías principales, secundarias y terciarias del Catatumbo se mantengan habilitadas y sin restricciones, bajo la custodia de las instituciones presentes en la zona. El Ejército informó que “las vías en el Catatumbo y el norte de Santander se encuentran en normalidad. Estamos trabajando de la mano con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y nuestro Ejército para brindar seguridad en estos tramos mediante puestos de control, así como con sobrevuelos en las rutas Cúcuta–Tibú y Tibú–La Gabarra”.
El Ministerio de Defensa ha instado a la ciudadanía a denunciar de forma oportuna y confidencial cualquier actividad sospechosa, así como casos de extorsión o secuestro, a través de las líneas telefónicas 147 y 107, disponibles las 24 horas del día. Las acciones militares continuarán mientras se busca una solución para la escalada de violencia, tras casi un año de la peor crisis humanitaria en décadas, en la que los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias han provocado el desplazamiento de más de 60.000 personas y al menos 100 homicidios.
En la última semana, el recrudecimiento de la disputa ha obligado al desplazamiento de al menos 30 familias procedentes de corregimientos y municipios cercanos a Cúcuta y Ocaña. En Tibú, líderes comunitarios han advertido sobre el riesgo que enfrentan más de 6.000 personas en el corregimiento de Pachelly, donde la movilidad podría verse limitada por la presencia de grupos armados y posibles enfrentamientos.
En Cúcuta, la administración municipal ha reportado la llegada de 54 núcleos familiares, equivalentes a cerca de 200 personas, en las últimas 24 horas. En Ocaña, el balance fue de 11 núcleos familiares, aproximadamente 50 personas, en el mismo período. En ambas ciudades, las autoridades locales han iniciado el proceso de recepción de denuncias y la caracterización de la población desplazada.
