La industria tecnológica enfrenta una creciente resistencia pública y política en todo Estados Unidos debido a la rápida expansión de centros de datos necesarios para impulsar la inteligencia artificial, según informó el Washington Post. Mientras las empresas se apresuran a construir instalaciones para albergar servidores, legisladores de todo el país y del espectro político buscan limitar estos proyectos ante la preocupación por el consumo de recursos como agua, tierra y electricidad.
Crecen el rechazo público y la resistencia política contra los centros de datos en Estados Unidos
Las instalaciones de servidores consumen grandes cantidades de recursos, lo que ha generado temores sobre el aumento en las facturas de servicios públicos y el costo de vida. Según una encuesta citada por News4sanantonio, el 62% de los votantes apoyaría un centro de datos en su área si incrementara su factura eléctrica mensual en 5 dólares, y el 52% lo haría si la subida fuera de 10 dólares. Sin embargo, la oposición aumenta cuando el incremento proyectado alcanza los 25 dólares o más. Casi tres de cada diez encuestados señalaron que las tarifas eléctricas más altas son su mayor preocupación, mientras que el 24% teme un mayor riesgo de apagones, el 23% cree que costará dinero a los contribuyentes, el 21% advierte sobre la pérdida de empleos y el 20% mencionó inquietudes ambientales.
Medidas locales y estatales para frenar y regular el desarrollo
Las decisiones sobre zonificación, exenciones fiscales y aprobaciones de interconexión recaen en los gobiernos locales en lugar de los reguladores federales, de acuerdo con Bisnow. Ante el descontento ciudadano, varias ciudades y estados han implementado moratorias y nuevas normativas.
En California, la ciudad de Monterey Park aprobó una medida electoral para prohibir de forma permanente los centros de datos, mientras que Oakley instituyó una moratoria temporal mientras actualiza sus códigos de zonificación, tal como reportó el Mercury News. Por su parte, la legislatura del estado de Nueva York se encuentra a punto de aprobar una moratoria de un año, y estados como Michigan, Nevada y Wisconsin también contemplan regulaciones en sus boletas electorales.
Gasto político e influencia corporativa en las elecciones
El debate en torno a la infraestructura digital se ha trasladado al escenario electoral y legislativo de cara a los comicios de mitad de término. Tras destinar más de 1.100 millones de dólares en presión política federal durante dos años, el sector tecnológico ha redirigido sus recursos hacia los estados y municipios donde se decide el futuro de los proyectos, según Bisnow. En Texas, comités de acción política alineados con empresas tecnológicas han realizado fuertes inversiones en primarias legislativas, mientras grupos comunitarios se organizan para disputar cargos locales a funcionarios que apoyaron estas construcciones.
Para calmar las tensiones, algunas compañías se han ofrecido a sufragar la carga adicional sobre las redes eléctricas o a asegurar sus propias fuentes de energía. Asimismo, defensores de la industria argumentan que los centros de datos generan empleos en la construcción y que la inteligencia artificial impulsará la productividad y la economía estadounidense.
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