Israel no ha enjuiciado a sus ciudadanos por la muerte de civiles palestinos en Cisjordania ocupada desde el inicio de esta década, según un análisis de The Guardian sobre datos legales y registros públicos, lo que genera una impunidad para una campaña de violencia.
Estos ataques han impulsado al ex primer ministro Ehud Olmert a solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) para “salvar a los palestinos y a nosotros [los israelíes]” de la violencia de colonos respaldada por el Estado, que se lleva a cabo con la complicidad y, a veces, la participación de la policía y el ejército.
“He decidido no solo no permanecer en silencio, sino llamar la atención de la CPI en La Haya para que tome medidas coercitivas y emita órdenes de arresto”, declaró Olmert en comentarios escritos a The Guardian.
Antiguos comandantes de seguridad israelíes han exigido medidas urgentes para detener los ataques “casi diarios” contra palestinos. En una carta pública al actual jefe militar del país, advirtieron que no abordar el “terrorismo judío” representa una amenaza existencial.
Este mes, colonos israelíes y policías han matado a 10 civiles palestinos en Cisjordania ocupada, incluyendo a dos hermanos de cinco y siete años y a sus padres, quienes fueron asesinados a tiros en la cabeza mientras regresaban de una compra para el Ramadán.
“Ya no estamos hablando de un puñado de alborotadores que infringen la ley. Se trata de una actividad organizada, que a veces incluye a personas uniformadas que disparan a gente inocente y queman propiedades y hogares de civiles”, señala la misiva.
Los firmantes de la carta, que no había sido reportada previamente, incluyen a dos exjefes del ejército israelí –uno de los cuales también se desempeñó como ministro de Defensa–, cinco jefes del Mossad y el Shin Bet, y cuatro excomisarios de policía.
Su llamado a hacer cumplir la ley atribuyó el éxito militar pasado a la “fuerza moral” de las fuerzas armadas israelíes y dijo que es vital para futuras victorias. “Sin ella, no tenemos derecho a existir”, afirmaron.
Desde 2020, soldados y colonos israelíes han matado al menos a 1,100 civiles palestinos en Cisjordania ocupada, al menos un cuarto de los cuales eran niños, según datos de la ONU. Nadie ha sido acusado por estas muertes.
El último ataque mortal por parte de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania ocupada que condujo a una acusación fue en 2019, según muestran los registros públicos y los datos del grupo de derechos legales Yesh Din. El último asesinato cometido por un civil israelí que resultó en una acusación fue en 2018. Un tribunal israelí dictaminó esta semana que el acusado arrojó una piedra que golpeó a Aisha Rabi.
Las fuerzas de seguridad israelíes son responsables de la mayoría de los palestinos muertos en Cisjordania ocupada, pero la violencia por parte de civiles israelíes se intensificó después de los ataques del 7 de octubre de 2023 liderados por Hamás, mientras Israel libraba una guerra en Gaza que una comisión de la ONU, grupos de derechos humanos y académicos especializados en genocidio califican de genocidio.
Asesinatos, incendios provocados, robos y otros crímenes cometidos por colonos israelíes, incluidos incidentes capturados en video y presuntas agresiones sexuales, han quedado casi impunes.
Entre 2020 y 2025, más del 96% de las investigaciones policiales sobre la violencia de colonos en Cisjordania ocupada concluyeron sin acusación, según Yesh Din. De 368 casos, solo ocho, o el 2% del total, terminaron con condenas totales o parciales.
Olmert pidió enjuiciamientos internacionales de colonos violentos que son “asistidos, apoyados e inspirados por círculos gubernamentales” mientras llevan a cabo una campaña de limpieza étnica. Los pogromos en pueblos palestinos recuerdan a aquellos “que alguna vez se dirigieron contra los judíos en Europa”, dijo.
“Si las autoridades de aplicación de la ley en Israel no cumplen con su deber, quizás las autoridades legales internacionales hagan lo necesario para salvar a los palestinos y a nosotros de los actos criminales cometidos por terroristas judíos ante los ojos de todos”.
La población de colonos israelíes en Cisjordania ocupada ha aumentado constantemente durante varias décadas, incluso cuando Olmert y la élite de seguridad que ahora habla sobre la violencia ocupaban cargos de mando o poder político.
“Los palestinos podrían acoger estas críticas israelíes, pero no han olvidado que muchos de estos antiguos funcionarios facilitaron la expansión del proyecto de asentamiento, y con él la violencia de colonos y militares”, dijo Amjad Iraqi, analista senior de Israel/Palestina en el International Crisis Group.
“Estos críticos israelíes a menudo dan la impresión de que la violencia de los colonos podría ser controlada simplemente destituyendo al (actual) gobierno de extrema derecha. Eso ciertamente tendría un efecto, pero no reconoce que los asentamientos son un proyecto del Estado que fue moldeado y liderado en todo el espectro político”.
Muchos israelíes también buscan distinguir entre los ataques de colonos y el uso de la fuerza por parte de la policía y el ejército israelíes. Olmert pidió la intervención de la CPI solo por la violencia civil, aunque dijo que hubo “demasiados” incidentes en los que israelíes uniformados mataron a civiles palestinos.
De 2020 a 2024, el año más reciente para el que hay datos disponibles, las fuerzas de seguridad israelíes tenían menos probabilidades que los colonos de enfrentar cargos por dañar a los palestinos.
Los palestinos presentaron 1,746 quejas por daños causados por soldados israelíes en Cisjordania ocupada en ese período, incluidas más de 600 sobre asesinatos, dijo Yesh Din. Menos del 1% terminó en acusaciones.
“Los sistemas de aplicación de la ley israelíes, tanto civiles como militares, funcionan menos como mecanismos de justicia y más como escudos para los perpetradores”, dijo Ziv Stahl, director de Yesh Din. “Repetidamente producen investigaciones estancadas y casos cerrados, priorizando efectivamente la impunidad sobre el estado de derecho”.
Durante años, el establecimiento legal israelí consideró los casos que llegaban a los tribunales como una defensa clave para Israel en los tribunales internacionales. Cuando un sistema legal nacional sólido enjuicia los crímenes, los tribunales internacionales tienen menos probabilidades de tener jurisdicción.
“El sistema está programado para fabricar impunidad, no rendición de cuentas”, dijo Michael Sfard, un abogado israelí de derechos humanos. “Pero fue lo suficientemente inteligente como para tener en raras ocasiones ocasiones de rendición de cuentas, que podrían considerarse ejemplos de cómo funciona la aplicación de la ley”.
En los últimos años, sin embargo, los jueces y los fiscales se enfrentaron a una intensa presión debido a falsas acusaciones de que estos casos formaban parte de un sistema amañado contra los acusados israelíes, y la persecución de la violencia contra los palestinos se ha detenido en gran medida.
“Es demasiado costoso [para el sistema judicial israelí]”, dijo Sfard. “No estamos pagando un precio internacionalmente por la impunidad. Y están pagando un precio internamente por este desempeño de rendición de cuentas, que de todos modos es una mentira”.
En febrero, dos exministros de justicia del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu firmaron una carta acusando al actual gobierno israelí de permitir la “limpieza étnica activa y horrible” de los palestinos en Cisjordania ocupada.
“La última responsabilidad legal y moral de detener esta campaña de terror recae en el gobierno israelí. No lo está haciendo”, decía la carta, que tampoco ha sido reportada previamente en la prensa internacional.
Fue firmada por más de 20 figuras legales prominentes, incluidos Dan Meridor y Meir Sheetrit, quienes ambos se desempeñaron como ministros de justicia para Likud.
“Cualquiera que preste una mano a estos [ataques de colonos], por acción u omisión, es responsable, incluidos los soldados y especialmente los comandantes de las fuerzas regulares y de reserva. Las órdenes de llevar a cabo o permitir estos ataques son claramente ilegales”.
El jefe militar israelí, Eyal Zamir, también exigió la semana pasada medidas contra la violencia de los colonos, instando a “todas las autoridades del país a actuar contra este fenómeno y detenerlo antes de que sea demasiado tarde”. El ejército israelí tiene soberanía sobre el territorio ocupado.
Además de Cisjordania ocupada, ha habido dos acusaciones contra las fuerzas de seguridad israelíes por matar a civiles palestinos desde 2020.
Un oficial de la policía fronteriza israelí que disparó a un hombre autista en Jerusalén Este en 2021 fue absuelto de los cargos de “homicidio imprudente” dos años después. En 2023, un teniente fue acusado por la muerte de Hasan Sami Al-Borno, un agricultor que fue asesinado por fuego de tanque israelí en Gaza en 2021. Aún no ha sido juzgado.
La policía israelí no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el fracaso en la investigación o prevención de la violencia de los colonos.
Quique Kierszenbaum contribuyó con la información
