La educación en ciudadanía digital ha cobrado relevancia crucial en los últimos años, no solo para la sociedad y el fortalecimiento de la democracia, sino también para organismos internacionales y corporaciones transnacionales que acumulan capital a través de la explotación de datos. En la era del capitalismo de plataformas, la formación de docentes y estudiantes en esta área está siendo progresivamente absorbida por la lógica de la innovación y la rentabilidad, generando una disputa por el significado democrático de la ciudadanía.
Este análisis continúa la línea trazada en el artículo “Educación de plataformas: extracción, refinamiento y comercialización de datos”, publicado en octubre en la diaria. En dicho trabajo, se expusieron las tendencias privatizadoras en la política educativa, impulsadas por Ceibal, y la influencia de empresas como Microsoft, Google y Meta en la implementación de plataformas e inteligencia artificial en el sector público. El presente artículo busca ofrecer alternativas a estas tendencias, proponiendo un enfoque para la educación en ciudadanía digital arraigado en la realidad sociopolítica uruguaya, sustentado en una ética democrática transformadora, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Ciudadanía digital y democracia
La política educativa desempeña un papel fundamental en la garantía del derecho a la participación democrática, un derecho que solo puede ejercerse plenamente cuando la sociedad cuenta con los conocimientos necesarios para desarrollar un pensamiento crítico y transformador. En el ámbito de la ciudadanía digital, el estudiantado no solo debe tener acceso a las tecnologías, sino también adquirir las habilidades para analizar las relaciones de poder que se estructuran en el mundo digital. Problemáticas como la desigualdad, la distribución de la riqueza y su concentración son temas urgentes en nuestro país –integrado en el continente más desigual del mundo–, ya que impactan directamente en las condiciones de vida y erosionan las democracias, contribuyendo, como se observa, a la proliferación de la extrema derecha en espacios de poder relevantes. Una educación en ciudadanía digital orientada a fortalecer la democracia no puede ignorar el análisis de estas estructuras, que se reproducen y generan también en la esfera digital.
La investigadora en educación y cultura digital, Inés Dussel, señala que esta concepción de la democracia está siendo disputada por una “ideología corporativa” promovida por empresas transnacionales de tecnología. Según la autora, esta ideología, que reproduce las desigualdades, se introduce en el sistema educativo a través de plataformas y contenidos pedagógicos, llegando a docentes y escuelas. Dussel explica que estas compañías, especialmente las redes sociales –actualmente dominantes en el ámbito digital–, se presentan como espacios abiertos y neutrales, facilitando la participación ciudadana y la creación de contenido cultural, cumpliendo así un ideal democrático al tiempo que maximizan su potencial de beneficio. Como señala José van Dijck, la ideología corporativa promovida por empresas como la de Mark Zuckerberg, se basa en la idea de que todo debe ser compartido y que debemos construir un “espacio verdaderamente abierto y conectado”. En plataformas como Facebook y Twitter, la presión por compartir experiencias vitales en línea para obtener aprobación y popularidad impulsa la disponibilidad de datos, no para todos, sino para aquellos que pueden utilizarlos en su beneficio, como estas corporaciones.
Estas prácticas de explotación de datos tienen consecuencias tangibles, como la automatización progresiva del trabajo, la descalificación laboral y el aumento del desempleo. Además, impactan en el plano cultural, generando una circulación algorítmica ilimitada de contenidos de extrema derecha, que se intensifica al converger con tendencias político-culturales reaccionarias que emergen y se fortalecen en diversas partes del mundo.
El patriarcado digital
Un reciente informe de Aristas, titulado “Cambios en creencias y actitudes de los adolescentes con relación a la diversidad e igualdad de género”, generó preocupación al diagnosticar un retroceso en la aceptación de la diversidad y la igualdad de género entre estudiantes. Las conclusiones del informe destacan que, dada la creciente importancia de las redes sociales en la vida de los adolescentes y su influencia en su sentido de pertenencia, es fundamental promover el diálogo sobre el uso de estas plataformas y ofrecer orientación al respecto en liceos y escuelas técnicas.
Esta inquietud se refleja en las “Bases para la consolidación del Plan Nacional de Convivencia y Participación 2026-2030” de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), donde se subraya la importancia de políticas de ciudadanía digital responsable, el desarrollo de entornos virtuales seguros y la pertinencia de abordar las temáticas de ciudadanía digital y género.
En los entornos virtuales, el grooming (o ciberacoso) no es el único riesgo para las adolescencias. Por ejemplo, los incels o “célibes involuntarios” –varones, principalmente jóvenes heterosexuales– culpan a las mujeres e incluso a la sociedad por su falta de interacciones sexoafectivas, alimentando discursos de odio y violencia en diversos foros. Aunque el término surgió en el pasado, con el tiempo se radicalizó dando origen a una “manósfera” o “machósfera”, una red donde circulan discursos violentos contra las mujeres, las disidencias sexogenéricas y los feminismos. Utilizan términos como incel, alpha, foid, chad, LDAR, redpill, blackpill, stacy, looksmaxxing, entre otros.
Los defensores de la ideología corporativa apelan al manejo ético de las tecnologías, pero invisibilizan las asimetrías de poder inherentes a su diseño y que culminan limitando las posibilidades éticas de su uso.
En este ecosistema de foros y creadores se promueven roles de género rígidos y se normaliza la misoginia y su victimización. Se ofrecen explicaciones simplistas que resultan atractivas, como “la culpa es de ellas”, al tiempo que se brinda un sentido de pertenencia: “Aquí te entienden”. Los algoritmos amplifican este fenómeno, mostrando contenido similar y legitimando, globalizando y convirtiendo el odio en comunidad, permitiendo que el antifeminismo se fusione con la ultraderecha digital y real.
Esto conlleva riesgos tanto dentro como fuera de los centros educativos. En las pantallas de los celulares se multiplican las reproducciones de peleas entre estudiantes, las redes sociales se utilizan para convocar a enfrentamientos entre barras, los portales emplean un lenguaje bélico para titular noticias cotidianas (“explotó”, “liquidó”, “hizo pedazos”), proliferan publicaciones que incitan al ataque contra otras personas, y los discursos simplistas se difunden obteniendo “aplausos” y “me gusta”. De esta manera, la misoginia, la xenofobia, el racismo y la aporofobia se normalizan y trascienden lo virtual, manifestándose en hostilidad abierta en las calles y en los espacios escolares. Es pertinente cuestionar el papel de la ANEP en relación con esta alianza con lo digital, que convierte la violencia en entretenimiento.
Laicidad de plataformas
Aunque no ha recibido amplia difusión, existe una presencia significativa y sostenida de corporaciones transnacionales, como Google y Movistar, que participan junto con la ANEP, desde hace seis años, en grupos de trabajo de ciudadanía digital coordinados por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Una reciente publicación en la web de la ANEP explicita esta articulación con el sector privado, señalando: “Desde 2019 trabaja en la construcción de ciudadanía en el entorno digital con el cometido de orientar la política pública en Uruguay”.
La injerencia directa de estos gigantes, erigidos sobre la base de la desigualdad y concentrando un capital billonario, en nuestra política educativa, señala las tensiones que definen el rumbo de la educación en ciudadanía digital. Estas tensiones también se manifiestan en el plano de las ideas; los defensores de la ideología corporativa apelan al manejo ético de las tecnologías, pero invisibilizan las asimetrías de poder inherentes a su diseño, que limitan las posibilidades éticas de su uso. Esta visión parcial, inflada de optimismo tecnológico, se desvanece al analizar su trasfondo ideológico. Por ello, sus defensores suelen evitar el debate político, recurriendo a descalificaciones de las perspectivas críticas, acusándolas falsamente de conservadoras o tildando de “luditas” a quienes señalan alternativas de desarrollo tecnológico a las hegemónicas.
La intervención de la ideología corporativa en la educación pública, en el contexto del capitalismo de plataformas, exige repensar y resignificar los conceptos de democracia, laicidad y secularización. La secularización del siglo XXI requiere desligar al Estado de las corporaciones que avanzan ocupando y moldeando el espacio público –como lo hizo la Iglesia católica hasta el siglo XX– a través de la distribución algorítmica de valores, discursos y prácticas que ponen en peligro el ejercicio de la democracia.
El ideal tradicional de laicidad, si no se actualiza a la realidad sociopolítica actual, puede legitimar a los agentes y estructuras hegemónicas que reproducen la desigualdad. La pedagoga Reina Reyes, quien en los inicios de la sociedad de la información repensó la laicidad desde una perspectiva crítica al sistema dominante, ofrece una guía para promover la discusión y la autonomía de pensamiento en la era digital. De lo contrario, la ética tecnoliberal se impone en el diseño de las plataformas, moldeando las subjetividades de las infancias y las adolescencias a través de recorridos algorítmicos, promoviendo impunemente la cultura de la desigualdad y la crueldad hacia las personas más vulnerables.
Emancipar la democracia del asedio corporativo requiere una construcción cultural que incorpore las experiencias del estudiantado en relación con el universo digital, y una ciudadanía activa, abierta a comprender ese universo simbólico. El rol docente es fundamental para articular estas complejidades y puede maximizar su impacto pedagógico si existe un desarrollo científico y tecnológico estatal potenciado por los organismos públicos existentes. La Universidad de la República, y en particular la Facultad de Ingeniería, la UTU, la Universidad Tecnológica y Antel son instituciones que pueden producir infraestructuras educativas digitales públicas y soberanas para posibilitar el ejercicio real de una ciudadanía digital y corpórea sobre la cual construir una nueva democracia.
Leticia Tellechea, Fernanda Alanís y Gonzalo Irigoyen integran el equipo de representación docente del consejero Julián Mazzoni en el Codicen de la ANEP.
