Una casa de cura acreditada responde por daño erariale tras ceder créditos extrapresupuestarios a una sociedad externa
La dirección de una casa de cura acreditada ha sido sancionada por la administración pública tras la cesión irregular de créditos correspondientes a prestaciones sanitarias realizadas fuera del presupuesto asignado a la institución. Según fuentes oficiales consultadas por Notiulti.com, la entidad fue multada por incumplimiento de las normas de gestión económica en el sector sanitario, al transferir esos derechos de cobro a una tercera empresa sin el debido control.
El procedimiento, abierto tras una denuncia presentada por la Contraloría Regional, confirmó que la cesión no cumplió con los requisitos legales para operaciones de este tipo, que exigen transparencia y justificación presupuestaria. «La casa de cura actúa como prestador de servicios públicos y, por tanto, debe garantizar que cualquier transacción financiera respeta el marco legal y el interés público», declaró un portavoz de la autoridad sanitaria regional, quien prefirió no revelar el monto exacto de la sanción aplicada.
La medida se enmarca en una serie de revisiones impulsadas por la administración para evitar desvíos de fondos en el sistema de salud, especialmente en estructuras acreditadas que operan con recursos públicos o concertados. Según documentos internos a los que accedió Notiulti.com, la cesión de créditos extrapresupuestarios a terceros sin supervisión previa había sido identificada como un riesgo en informes previos de auditoría, aunque no se había actuado hasta ahora.
La casa de cura afectada, que no ha hecho declaraciones públicas hasta el momento, podría enfrentar además la obligación de reintegrar los fondos correspondientes a las prestaciones cedidas, según lo establecido en la normativa de responsabilidad patrimonial de la administración. Las fuentes consultadas indicaron que, de confirmarse irregularidades adicionales, se podrían activar procedimientos disciplinarios contra los responsables directivos.
Este caso refuerza la tendencia observada en los últimos meses de mayor escrutinio sobre la gestión financiera en el sector sanitario, donde la Contraloría ha intensificado las inspecciones en centros acreditados para evitar prácticas que afecten la sostenibilidad del sistema. «La acreditación no exime de cumplir con las reglas, sino que exige un mayor rigor», advirtió el mismo portavoz, recordando que las casas de cura dependen en gran medida de fondos públicos o concertados.
La decisión también subraya la importancia de que las instituciones sanitarias, incluso las de gestión privada, mantengan estrictos controles internos para evitar conflictos de interés en operaciones financieras. Según los documentos revisados, la cesión de créditos a terceros sin el debido proceso había generado alertas en auditorías previas, aunque no se habían aplicado sanciones hasta la denuncia formal.
No se han proporcionado detalles sobre la identidad de la sociedad externa beneficiada por la cesión, aunque fuentes cercanas al caso sugieren que se trata de una empresa especializada en gestión de cobros para el sector salud. La administración ha abierto una investigación complementaria para determinar si existieron beneficiarios indirectos o si la operación respondió a un acuerdo previo entre las partes.
Mientras tanto, la casa de cura afectada ha suspendido temporalmente este tipo de operaciones hasta que se resuelva el expediente sancionador. «Estamos colaborando con la Contraloría para aclarar los hechos y garantizar que se cumplan todas las normativas», indicó un comunicado interno obtenido por Notiulti.com, sin confirmar si habrá cambios en la dirección o en el modelo de gestión.
Este caso se suma a otros recientes en los que centros sanitarios acreditados han sido sancionados por irregularidades en la gestión de fondos, incluyendo casos de facturación duplicada y desvíos de partidas presupuestarias. La administración ha dejado claro que, en el ámbito de la salud, la transparencia y la rendición de cuentas son prioritarias, especialmente cuando los recursos provienen de fondos públicos.
Para más detalles sobre el marco legal aplicable a estas operaciones, puede consultar la normativa de responsabilidad patrimonial de la administración pública.
