El plan de deportaciones masivas de Trump se convirtió en un negocio millonario para empresas privadas
El gobierno de Donald Trump impulsó un sistema de detención y deportación que generó ganancias récord para compañías privadas, según reportes de CBC y CNN. Entre 2017 y 2021, el aumento en contratos con firmas como CoreCivic y GEO Group —ambas vinculadas a denuncias por maltrato a migrantes— refleja cómo la política migratoria se transformó en un negocio con beneficios millonarios, mientras el fundador de una de estas empresas llegó a EE.UU. en 1953 como inmigrante por Ellis Island.
El informe de CBC detalla que el plan de deportaciones masivas, implementado bajo la administración Trump, no solo aceleró la expulsión de miles de personas, sino que también expandió el rol de empresas privadas en la gestión de centros de detención. Según datos revisados, estas compañías recibieron contratos por cientos de millones de dólares para operar instalaciones donde se retienen a migrantes, muchos de ellos en condiciones criticadas por organizaciones de derechos humanos.
Mientras tanto, CNN revela un dato simbólico: el fundador de GEO Group, una de las empresas más grandes en este sector, llegó a Estados Unidos en 1953 como inmigrante a través de Ellis Island. Hoy, su compañía es acusada de maltrato a detenidos por ICE (Inmigración y Aduanas de EE.UU.), según denuncias documentadas. Este contraste —de inmigrante a empresario que lucra con la detención de otros— subraya las contradicciones del sistema.
¿Cómo funcionó el negocio detrás de las deportaciones?
El modelo operó bajo un esquema de outsourcing: el gobierno federal pagaba a empresas privadas para que gestionaran la logística de detención, transporte y, en algunos casos, la propia expulsión de migrantes. Según CBC, estas compañías no solo cobraban por servicios básicos, sino que también obtenían ganancias adicionales por cada día que un detenido permanecía en sus instalaciones —un incentivo que, según críticos, alargaba innecesariamente los plazos de retención.
Datos de CNN señalan que GEO Group y CoreCivic (antes CCA) han sido objeto de demandas por condiciones inhumanas en sus centros, incluyendo falta de acceso a agua potable, atención médica deficiente y hacinamiento. A pesar de ello, ambas empresas mantuvieron contratos millonarios durante la era Trump, incluso cuando informes oficiales —como los del Departamento de Justicia— documentaban irregularidades.
Un análisis de Organizing My Thoughts (plataforma que investiga políticas públicas) añade que este sistema no fue una excepción, sino parte de una estrategia más amplia: la privatización de la migración. Bajo Trump, el presupuesto asignado a detención privada se disparó, pasando de $1.7 mil millones en 2016 a más de $3 mil millones en 2020, según cifras citadas por CBC. Esto convirtió a las deportaciones en un negocio con márgenes de ganancia superiores al 20% anual para algunas firmas.
El caso de Ellis Island: de inmigrante a dueño de un imperio de detención
El origen del fundador de GEO Group —llegado a EE.UU. en 1953— resalta cómo el sistema migratorio estadounidense ha sido históricamente contradictorio. Según CNN, este empresario, de origen europeo, construyó un imperio basado en la detención de migrantes, muchos de ellos en situaciones similares a las que él enfrentó al llegar al país.
La paradoja es evidente: mientras su empresa ha sido acusada de violar derechos humanos en centros como el de T. Don Hutto (Texas), donde se retuvo a familias migrantes en condiciones comparadas con prisiones, él mismo llegó a EE.UU. como un niño en busca de oportunidades. CBC destaca que este caso no es aislado: otras figuras clave en el sector privado de migración también tienen antecedentes como inmigrantes, lo que añade una capa ética al debate sobre la lucro-cracia en este ámbito.
¿Qué pasó después de Trump? El legado de un modelo que persiste
Aunque la administración Biden ha reducido algunos contratos con empresas privadas, el modelo no desapareció. Organizing My Thoughts señala que, hasta 2023, GEO Group y CoreCivic seguían operando centros de detención en EE.UU., aunque con menos volumen que en la era Trump. La pregunta clave, según analistas, es si este sistema —que convirtió las deportaciones en un negocio— podría resurgir bajo futuras administraciones.
Un informe de CBC advierte que la dependencia de empresas privadas en la gestión migratoria ha dejado un legado de opacidad: muchos contratos se firman sin licitación pública, y las auditorías independientes son escasas. Esto dificulta rastrear exactamente cuánto dinero público se ha destinado a estas firmas y bajo qué condiciones.
Mientras, CNN recuerda que las denuncias contra GEO Group no se limitan a la era Trump: en 2019, la empresa pagó $24 millones para resolver una demanda por maltrato a detenidos en un centro de Arizona. Este tipo de multas, sin embargo, no ha frenado su expansión en otros países, como Australia y Reino Unido, donde también opera.
¿Por qué importa este caso hoy?
El modelo de deportaciones privatizadas bajo Trump no solo expuso las fallas del sistema, sino que también sentó un precedente peligroso: la migración como fuente de lucro. Según Organizing My Thoughts, esto ha normalizado la idea de que la crisis migratoria puede —y debe— gestionarse como un negocio, en lugar de como un problema humanitario.
Expertos citados por CBC señalan que, sin regulaciones más estrictas, el riesgo es que futuras administraciones repitan el mismo esquema. «Las empresas privadas no tienen el mismo interés que el Estado en resolver la crisis migratoria: su objetivo es maximizar ganancias, no proteger derechos», advierte un analista de políticas públicas.
El caso de GEO Group y su fundador —de inmigrante a magnate de la detención— encapsula esta contradicción. Mientras el país debate su identidad como «nación de inmigrantes», su sistema migratorio sigue generando fortunas con la expulsión de quienes buscan llegar.
