La Ley de Presupuestos de 2026, aprobada con voto de confianza en el Senado, se someterá a votación en la Cámara el martes 30 de diciembre, con el objetivo de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre.
Aunque el paquete de enmiendas que contemplaba una amplia amnistía urbanística no fue ratificado, se barajan alternativas para implementar condonaciones a través de otro mecanismo legal. La posible reapertura de la amnistía urbanística de 2003 sigue siendo un tema de debate.
Adicionalmente, el Decreto Milleproroghe, aprobado con antelación el 11 de diciembre, iniciará su trámite parlamentario para su conversión en ley.
1) Amnistía urbanística: excluida de la ley de presupuestos, pero se mantienen abiertas las opciones
Según las hipótesis que circulan, se contempla la reapertura de la amnistía prevista por el Decreto-Ley 269/2003, con aplicación en todo el territorio nacional.
Se podrían regularizar abusos urbanísticos como porches, balcones, pérgolas, galerías, reformas interiores y exteriores, restauraciones, mantenimientos extraordinarios y otras intervenciones de escasa envergadura, siempre que respeten las restricciones urbanísticas y se ajusten a la normativa vigente al 31 de marzo de 2003.
Quedarían excluidas de esta amnistía las nuevas construcciones totalmente ilegales, ampliaciones volumétricas significativas, elevaciones de edificios o construcciones en zonas con severas restricciones paisajísticas o ambientales.
Existe ya un instrumento legal para abordar la amnistía urbanística, el Texto Único de la Edificación, aprobado por el Consejo de Ministros, aunque aún no ha sido validado por la Contaduría General del Estado. No se descarta que el texto pueda ser revisado para incorporar las propuestas que se están evaluando en el Gobierno.
Las enmiendas a la Ley de Presupuestos de 2026, ahora descartadas, siguen siendo consideradas como posibles opciones.
La regularización no sería automática, requiriendo una ley de transposición por parte de las Regiones, que definirán los procedimientos específicos de adhesión. Por un lado, la amnistía podría ofrecer una oportunidad real a quienes, incluso involuntariamente, han regularizado situaciones irregulares durante mucho tiempo, evitando demoliciones o sanciones; por otro lado, la reapertura de una amnistía a nivel nacional reavivaría el debate sobre la equidad, el respeto a las normas urbanísticas y el riesgo de incentivar el urbanismo ilegal.
Habrá que esperar al nuevo año para conocer el escenario definitivo.
