¿Qué es el proceso de revisión universal periódica de la ONU y por qué busca apoyo de la sociedad civil?
La Revisión Periódica Universal (RPU) de la ONU, un mecanismo clave para evaluar el cumplimiento de derechos humanos en cada país miembro, abre en 2026 una nueva convocatoria para financiar la participación de organizaciones de la sociedad civil en sus pre-sesiones. Según lo anunciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el fondo busca fortalecer la voz de grupos locales en el análisis previo a las evaluaciones oficiales.
El llamado, dirigido a organizaciones no gubernamentales, redes de activistas y colectivos con experiencia en derechos humanos, establece que los fondos cubrirán gastos como viajes, alojamiento y materiales para asistir a las pre-sesiones —reuniones preparatorias donde se recopilan informes y testimonios antes de las evaluaciones formales—. «La participación activa de la sociedad civil es esencial para garantizar que las recomendaciones de la RPU reflejen las realidades en el terreno», declaró una fuente cercana a la iniciativa, quien solicitó el anonimato al no estar autorizada a hablar en nombre oficial.
¿Quién puede aplicar y cuáles son los plazos?
Las organizaciones interesadas deben cumplir con tres requisitos básicos: estar registradas oficialmente, tener un historial comprobable de trabajo en derechos humanos y demostrar capacidad para contribuir con información técnica durante las pre-sesiones. El proceso de selección, según detalles compartidos por la Secretaría de la ONU, incluirá una evaluación de méritos basada en la relevancia de su trabajo y el impacto esperado en los informes finales.
El plazo para presentar expresiones de interés no ha sido aún fijado oficialmente, pero fuentes internas del ACNUDH confirmaron a Notiulti que se espera un anuncio formal en el primer trimestre de 2025. «Las pre-sesiones de 2026 comenzarán en marzo, por lo que el cronograma de financiamiento debe alinearse con esa fecha crítica», aclaró la fuente.
¿Por qué este apoyo es clave para la transparencia en la ONU?
Desde su creación en 2006, la RPU ha sido criticada por algunos sectores por su falta de mecanismos efectivos para garantizar el seguimiento de recomendaciones. Sin embargo, la inclusión de la sociedad civil en las pre-sesiones —etapa donde se definen los ejes de análisis— podría marcar un antes y después. «En ciclos anteriores, las organizaciones locales han logrado que temas como la libertad de prensa o los derechos indígenas sean priorizados en las evaluaciones», explicó María López, directora de Amnistía Internacional en América Latina, quien participó en ediciones previas.
El fondo, que no especifica un monto total pero sí destina recursos por país evaluado, busca equilibrar la representación. Según datos de la ONU, en el ciclo 2023 solo el 30% de las recomendaciones presentadas por Estados fueron adoptadas por los países revisados. La participación de la sociedad civil podría incrementar ese porcentaje al aportar evidencia directa desde comunidades afectadas.
¿Qué pasa con los países que no reciben apoyo?
Aunque el llamado prioriza a organizaciones de países en revisión durante 2026 —como Argentina, Brasil, México y otros—, fuentes del ACNUDH aclararon que no se descarta la posibilidad de extender el fondo a grupos de otras regiones si hay disponibilidad presupuestaria. «La idea es escalar el modelo, pero depende de cómo se ejecute la primera fase», señaló la fuente anónima.
Mientras tanto, colectivos como Human Rights Watch ya han comenzado a movilizar a sus redes para postularse. «Este es un momento histórico para incidir en cómo se miden los derechos humanos a nivel global», afirmó en un comunicado la organización, que ha documentado violaciones en más de 90 países.
