El crédito al consumo en España se encuentra en un momento de expansión y transformación. La inflación acumulada desde 2022 ha ejercido presión sobre los presupuestos familiares, impulsando a un número creciente de hogares a financiar sus gastos cotidianos a través de préstamos, tarjetas y soluciones de pago integradas. En 2024, se otorgaron más de 54.100 millones de euros en créditos al consumo, con un aumento de la demanda superior al 30%, según datos del sector.
El Banco de España confirma que el crédito al consumo es uno de los segmentos más dinámicos, registrando un incremento del volumen cercano al 2,9% en 2023 y una rentabilidad media del 9%, significativamente superior a la de otras carteras, aunque con un mayor porcentaje de préstamos dudosos. Paralelamente, la Encuesta de Préstamos Bancarios revela un aumento continuo en la demanda de financiación para consumo por parte de los hogares, mientras que los criterios de concesión se mantienen relativamente estables.
En este contexto, emergen nuevas modalidades de préstamo, impulsadas por la digitalización de los pagos. El “compra ahora, paga después” se ha consolidado como una herramienta común en el comercio electrónico europeo y español, tanto en grandes plataformas como en tiendas especializadas. El crédito se integra directamente en el proceso de compra, ofreciendo cuotas cortas e importes reducidos.
Esta tendencia se extiende a otros canales. Entre las opciones que ganan terreno se encuentran los préstamos PayPal, que permiten fraccionar los pagos directamente desde la cuenta vinculada a esta plataforma, sin necesidad de visitar una sucursal física ni de seguir el proceso tradicional de un préstamo personal.
Además del crédito ofrecido por entidades reguladas, el mercado ha visto un aumento de microcréditos y préstamos exprés con tipos de interés muy elevados. Recientes sentencias judiciales han declarado abusivos algunos de estos contratos, obligando a la devolución de intereses y comisiones cobradas en exceso. La nueva normativa que el Gobierno está preparando para transponer la Directiva europea de crédito al consumo planea establecer límites concretos a los precios de estos productos, ampliar la protección a importes pequeños y someter a supervisión a todos los proveedores, incluidas las plataformas digitales que hasta ahora operaban con menos control.
Los buscadores reflejan un interés creciente en términos como prestamistas gitanos, que a menudo combinan estereotipos discriminatorios con ofertas de crédito informal, carentes de contratos claros y transparencia en los intereses. Detrás de estas búsquedas se encuentran personas que han agotado otras opciones o que tienen historiales de morosidad, y que se exponen a condiciones abusivas y a la falta de garantías legales. Los expertos en consumo advierten que recurrir a prestamistas no registrados agrava los problemas financieros y dificulta cualquier reclamación posterior.
El perfil del prestatario también está evolucionando. Estudios sobre medios de pago y canales bancarios indican que la digitalización avanza de forma desigual según los ingresos, la edad y el nivel educativo. Una parte de la población utiliza el móvil para financiar compras en tiempo real y gestiona múltiples aplicaciones financieras, mientras que otra mantiene una relación limitada con la banca digital y puede quedar excluida de las mejores condiciones del mercado o verse expuesta a productos poco comprendidos. En ambos casos, es común la falta de conocimiento de conceptos básicos como la TAE, las comisiones por impago o el impacto de las cuotas en el presupuesto mensual.
Las nuevas fórmulas de préstamo ofrecen comodidad y acceso rápido, pero no abordan el problema subyacente de muchas familias: la falta de margen financiero ante el aumento de los precios y los gastos imprevistos. El incremento del crédito al consumo a niveles sin precedentes desde la crisis financiera, con repuntes cercanos al 14% a principios de 2025, se produce en un contexto de alta tasa de desempleo en la Unión Europea. Esta combinación exige una evaluación más allá del volumen de operaciones aprobadas, y una reflexión sobre la sostenibilidad de la deuda a largo plazo.
La respuesta regulatoria busca adaptarse a esta nueva realidad. La Directiva (UE) 2023/2255 amplía el alcance del crédito al consumo, incluye explícitamente los modelos BNPL, refuerza la obligación de evaluar la solvencia y exige que todos los prestamistas estén registrados y supervisados. En España, la transposición de la directiva se orienta a establecer límites a los intereses, mejorar la información precontractual y cubrir contratos que hasta ahora quedaban fuera, como los créditos inferiores a 200 euros o ciertos pagos aplazados en el comercio.
Para los consumidores, el desafío reside en combinar el acceso a nuevas herramientas de financiación con una evaluación crítica de sus condiciones. Comparar alternativas, revisar la TAE y las comisiones, evitar la acumulación de cuotas en diferentes canales y desconfiar de ofertas poco claras se convierte en una práctica esencial. Por su parte, las entidades financieras deberán ajustar sus modelos de negocio para mantener la rentabilidad sin recurrir a tipos de interés desproporcionados ni a la opacidad contractual. La evolución de las fórmulas de préstamo en España dependerá de la tensión constante entre la innovación comercial, la regulación y la capacidad real de los hogares para hacer frente a la deuda que asumen.
