Una funcionaria de impuestos de Bobigny, bajo custodia desde junio de 2025 por proporcionar la dirección de un guardia de prisión agredido violentamente, también habría tenido como objetivo a inversores en criptomonedas.
Aprovechando ilícitamente el software interno de la administración tributaria, habría accedido a los registros fiscales de individuos que declararon ganancias de capital o patrimonio en activos digitales. Esta información confidencial (direcciones, situaciones financieras) habría sido transmitida a un cabecilla misterioso vinculado al crimen organizado.
Este giro inesperado pone de manifiesto un peligro creciente: las declaraciones fiscales obligatorias de activos digitales están convirtiendo a los poseedores de criptomonedas franceses en objetivos prioritarios para robos con allanamiento de morada y secuestros con el fin de robar sus fondos.
Cabe recordar que, el 9 de diciembre pasado, la Asamblea Nacional adoptó una enmienda que obliga a los titulares de bitcoins u otros activos digitales a declarar el valor de mercado de estos activos tan pronto como supere los 5.000 euros, incluso en ausencia de un evento imponible. Una propuesta de ley que solo aumenta la información sensible en poder de la administración fiscal.
Aún más recientemente, en Manosque, una joven fue víctima de una agresión violenta. Los agresores conocían su dirección y sabían que su esposo poseía activos digitales.
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