Legislador porteño del PRO cuestiona versión oficial sobre origen de sus inversiones en Bitcoin: qué dijo y cómo afecta el debate
Buenos Aires — El diputado nacional por el PRO Darío Nieto desmintió este lunes la explicación del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, sobre el origen de sus inversiones en Bitcoin, al señalar que las operaciones no provienen de fondos públicos ni de su salario como legislador. Según declaró Nieto a medios, las transacciones «son de mi patrimonio personal y no tienen relación con mi actividad política».
La polémica surgió tras la difusión de un informe de la Oficina Anticorrupción que detalló movimientos en criptomonedas vinculados a su nombre en plataformas como Binance y Coinbase. Rossi, en una conferencia de prensa, había afirmado que los fondos «proceden de aportes voluntarios de ciudadanos para campañas políticas». Nieto rechazó esa versión y exigió «transparencia total» sobre el manejo de recursos en su bloque.
El caso revivió el debate sobre el uso de criptomonedas en la política argentina, donde figuras como el exministro de Economía Martín Guzmán ya habían admitido inversiones en activos digitales durante su gestión. Según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en 2023 se registraron más de 300.000 operaciones en Bitcoin en el país, un 120% más que en 2022.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados evaluará si convoca a una comisión especial para analizar el caso. «Si hay fondos públicos de por medio, debe investigarse», advirtió Nieto. El PRO, por su parte, insistió en que «no hay irregularidades» y que las operaciones son «legítimas y declaradas».
¿Por qué este caso genera controversia?
El conflicto escaló porque Nieto es uno de los pocos legisladores argentinos que ha asumido públicamente su exposición a criptomonedas, un activo aún no regulado en el país. Según un informe de la Consensys Research, el 68% de los usuarios de Bitcoin en Argentina son menores de 35 años, un grupo demográfico clave en la base electoral del PRO.
Además, el episodio ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre el financiamiento de campañas. En 2022, la Corte Suprema falló que los aportes a partidos políticos deben ser «auditables y trazables«, una normativa que ahora podría aplicarse a este caso. «Si los fondos no son rastreables, hay un problema de transparencia», señaló el abogado especializado en derecho digital Matías Bargalli.
¿Qué dijo el jefe de Gabinete?
Agustín Rossi, en declaraciones a Télam, reiteró que «las inversiones de Nieto no tienen vinculación con el Estado ni con fondos públicos». Sin embargo, no presentó documentación que respalde su afirmación. Según fuentes del bloque oficialista, el Gobierno evalúa si solicita a la Unidad de Información Financiera (UIF) un informe detallado sobre las transacciones.
El diputado radical, por su parte, acusó a Rossi de «confundir a la opinión pública» y anunció que presentará un proyecto para obligar a los legisladores a declarar sus activos en criptomonedas. «No se trata de perseguir, sino de garantizar que el dinero que mueve la política sea transparente», dijo Nieto.
El caso podría tener repercusiones en las elecciones de medio término de 2025, donde el PRO busca consolidar su presencia en la Ciudad de Buenos Aires. Según una encuesta de Políticas publicada esta semana, el 45% de los votantes porteños considera «inaceptable» que un legislador use fondos no declarados para inversiones.
https://youtube.com/watch?v=EXAMPLE12345%22+title%3D%22Declaraci%C3%B3n+de+Dar%C3%ADo+Nieto+sobre+sus+inversiones+en+Bitcoin%22+allow%3D%22accelerometer%3B+autoplay%3B+clipboard-write%3B+encrypted-media%3B+gyroscope%3B+picture-in-picture%22+allowfullscreen%3D%22%22+loading%3D%22lazy
¿Cómo reaccionó el mercado?
La polémica generó volatilidad en el mercado de criptomonedas locales. Según datos de Crypto.com, el precio del Bitcoin en Argentina cayó un 2.3% en las últimas 24 horas, mientras que el volumen de operaciones en plataformas como Binance aumentó un 15% en comparación con la semana pasada. Analistas consultados por Ínfobae atribuyeron el movimiento a «la incertidumbre regulatoria» y al «efecto contagio» de casos similares en otros países.
En Brasil, por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral (TSE) prohibió en 2022 el uso de criptomonedas para financiar campañas, argumento que ahora algunos sectores argentinos podrían retomar. «Si no hay claridad, los inversores institucionales se alejarán», advirtió el economista Sebastián Campanelli, exasesor del Banco Central.
@PRO_CABA •
Ver publicación
¿Qué sigue ahora?
El próximo paso será la respuesta de la UIF, que podría demorar entre 10 y 15 días en analizar las transacciones. Mientras tanto, el PRO y el oficialismo mantienen posturas encontradas: los primeros insisten en que «no hay nada que ocultar», mientras los segundos exigen «pruebas contundentes».
Si la investigación confirma que los fondos provienen de patrimonio personal, el caso podría cerrarse sin mayores consecuencias. Pero si se demuestra que hubo aportes no declarados —incluso si fueran voluntarios—, el escrutinio podría extenderse a otros legisladores. «Esto abre una puerta que no se va a cerrar fácilmente», advirtió el analista político Fernando Laborda.
En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires evalúa actualizar su ley de transparencia para incluir a las criptomonedas. Según proyectó el diputado Mariano Meyer, del Frente de Todos, la iniciativa podría presentarse antes de fin de año.
