El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció en mayo que los titulares de visas de no inmigrante deberán regresar a sus países de origen para solicitar la residencia permanente, salvo en circunstancias excepcionales. Esta medida, que restringe el acceso a la ciudadanía para quienes ya residen legalmente en el país, forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump que incluye deportaciones masivas, mayor vigilancia y la expansión de programas de trabajadores temporales.
¿Cómo se relaciona la expansión de visas temporales con las restricciones actuales?
Aunque la administración Trump ha endurecido las políticas contra la inmigración indocumentada, simultáneamente ha duplicado el número de trabajadores temporales para 2026 y facilitado la contratación de mano de obra bajo el programa H-2A, según datos oficiales. Según el análisis de la situación, estas acciones no son contradictorias, sino complementarias: buscan reorganizar la migración para que los trabajadores sean más dependientes y temporales, dificultando su permanencia a largo plazo en el país.
El precedente histórico del Programa Bracero
La lógica actual refleja el funcionamiento del Programa Bracero, iniciado en 1942 para cubrir la escasez de mano de obra durante la Segunda Guerra Mundial. Este programa permitió la entrada de aproximadamente 4.5 millones de trabajadores mexicanos bajo contratos temporales, según registros históricos. Al igual que hoy, el gobierno estadounidense buscaba separar la utilidad del trabajo migrante del derecho a la pertenencia.
¿Qué fue la «Operación Espalda Mojada»?
En 1954, durante el auge del Programa Bracero, el gobierno ejecutó la llamada «Operación Wetback» (Operación Espalda Mojada), una redada masiva que resultó en la deportación de hasta 1.3 millones de personas. La historiadora Mae Ngai detalla que el comisionado Joseph M. Swing utilizó tácticas militares para llevar a cabo estas expulsiones, que a menudo dejaban a los migrantes en condiciones peligrosas dentro de México, provocando incluso muertes por deshidratación en zonas desérticas.
A pesar de que el programa fue promocionado como una oportunidad económica para modernizar a los trabajadores, la realidad fue marcada por abusos y condiciones deplorables. La historiadora Kelly Lytle Hernández señala que, lejos de reducir la migración no autorizada, el Programa Bracero la estimuló, ya que los empleadores continuaron dependiendo de mano de obra indocumentada de bajo costo. Las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza aumentaron de 279,379 en 1949 a 501,713 en 1951.
La vigilancia migratoria en la actualidad
La historiadora Cristina Salinas describe cómo este tipo de políticas crearon un «espacio no constitucional» en la frontera, donde los migrantes son vigilados y disciplinados sin las protecciones legales plenas. Hoy, esa vigilancia se ha expandido al interior del país. Desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2003, agencias como ICE y CBP utilizan bases de datos digitales y registros cotidianos —como facturas de servicios públicos y licencias de conducir— para rastrear a los migrantes mucho más allá de la línea fronteriza.
La historia indica que los programas de trabajo temporal no resuelven la migración, sino que la gestionan manteniendo a la fuerza laboral en una posición precaria. La administración actual continúa este patrón, privilegiando la necesidad de mano de obra mientras resiste la integración y el sentido de pertenencia de los trabajadores migrantes.
