La plataforma de transporte Uber enfrenta una reclamación significativa por parte de las autoridades fiscales francesas, específicamente la Urssaf, por un monto de 1.700 millones de euros. Esta demanda, presentada en diciembre de 2024, se centra en la clasificación de sus conductores y repartidores: si deben ser considerados empleados o trabajadores independientes.
La Urssaf argumenta que Uber ha “maquillado” intencionalmente la relación laboral con sus conductores, evitando así el pago de las cotizaciones sociales correspondientes a un empleo formal. El organismo busca recuperar las cotizaciones sociales (tanto la parte de la empresa como la de los trabajadores) que, según su criterio, deberían haberse pagado directamente por la plataforma y no por los conductores individuales.
Este caso es particularmente relevante, ya que el monto reclamado supera el total de los ajustes realizados en toda Francia durante el año 2024. La Urssaf sostiene que los conductores de Uber no tienen la libertad de fijar sus tarifas, elegir a sus clientes o definir sus condiciones de trabajo, lo que, a su juicio, constituye una organización de empleo encubierto. La plataforma ya ha sido condenada anteriormente por esta práctica.
Más allá de la simple regularización, la acción de la Urssaf busca sancionar un modelo económico y social considerado “desleal” por ocultar una dependencia laboral real bajo la apariencia de independencia. La Urssaf enfatiza que su actuación se basa en una competencia legal, cumpliendo con su doble misión de recaudar cotizaciones para financiar la protección social y verificar la exactitud de las declaraciones de los empleadores.
