La familia de Shizuo Aishima, exasesor de la empresa japonesa de maquinaria Ohkawara Kakohki, presentará a principios de abril una demanda por daños y perjuicios contra el Estado japonés, alegando decisiones judiciales indebidas en relación con su detención. Aishima falleció antes de que se retiraran los cargos en su contra, y su familia busca una indemnización de 170 millones de yenes (aproximadamente 1,06 millones de dólares).
Los hechos se remontan a marzo de 2020, cuando Aishima y otros dos ejecutivos de la compañía fueron acusados de exportaciones ilegales. Siete meses después, se le diagnosticó cáncer de estómago. Fue puesto en libertad bajo fianza y hospitalizado, pero falleció en febrero de 2021 antes de que se produjera el archivo de la causa.
La familia argumenta que la detención y el arresto de Aishima fueron inconstitucionales, dado que no existía riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Además, denuncian que las reiteradas denegaciones de fianza, incluso tras el diagnóstico de cáncer, constituyen una violación de sus derechos. La familia señala que las decisiones de los 37 jueces involucrados en el caso fueron ilegales.
En una declaración, la esposa de Aishima expresó su profunda indignación por la negativa a concederle la fianza y manifestó su esperanza de que el sistema judicial evolucione hacia una mayor madurez.
Un tribunal superior ya dictaminó que la investigación llevada a cabo por la Policía Metropolitana de Tokio sobre Ohkawara Kakohki fue ilegal, ordenando al gobierno nacional y al metropolitano el pago de 166 millones de yenes en concepto de compensación. Esta resolución se confirmó en junio del año pasado.
En agosto, altos funcionarios de la Policía Metropolitana de Tokio, la Fiscalía Suprema y la Fiscalía del Distrito de Tokio se disculparon directamente con la familia de Aishima y en su tumba.
