El pasado viernes, un tribunal federal de apelaciones anuló una ley federal de hace casi 160 años que prohibía la destilación de alcohol en el hogar.
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en el caso McNutt v. US Department of Justice es un evento trascendental, no solo por invalidar una norma vigente desde la Reconstrucción, sino porque es muy probable que llegue a la Corte Suprema. Este proceso podría impulsar a la mayoría republicana del máximo tribunal a imponer restricciones al poder federal que no se veían desde los inicios del Modern Deal.
Generalmente, la Corte Suprema acepta revisar casos cuando un tribunal inferior ha invalidado un estatuto federal. El caso McNutt reabre un debate que fue resuelto durante la administración de Franklin D. Roosevelt, pero que diversos juristas y académicos de tendencia conservadora han querido retomar durante décadas.
Aquellas decisiones de la era Roosevelt permitieron que el Congreso regulara el entorno laboral —como la prohibición del trabajo infantil o la creación de un salario mínimo— y facilitaron regulaciones federales sobre empresas privadas, incluyendo la prohibición de la discriminación en establecimientos públicos.
Aunque la Constitución otorga al Congreso una autoridad amplia sobre la economía nacional, a finales del siglo XIX la Corte Suprema limitaba estrictamente el poder federal para regular actividades comerciales que ocurrieran totalmente dentro de un solo estado. Un ejemplo fue el caso Hammer v. Dagenhart (1918), donde se anuló una ley contra el trabajo infantil bajo la premisa de que los trabajadores no cruzaban fronteras estatales.
Esta división rígida fue abandonada durante el New Deal y Hammer fue anulado en 1941. No obstante, pensadores legales conservadores, incluyendo a los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch, han abogado por regresar a ese enfoque limitado del poder federal.
El caso McNutt plantea un enfrentamiento directo sobre la capacidad del Congreso para regular actividades económicas locales, ya que cuestiona la prohibición de destilar alcohol en casas que, por naturaleza, no cruzan líneas estatales.
Existe un detalle complejo: el Departamento de Justicia, encargado de defender la prohibición, decidió no presentar su argumento legal más sólido en la apelación, que sería basar la ley en la amplia autoridad del Congreso para regular la economía nacional. Si cinco jueces desean anular las decisiones de la era Roosevelt, deberán hacerlo a pesar de que el Departamento de Justicia evitó plantear este punto.
Aun así, el argumento más fuerte para sostener la ley sigue siendo el basado en el New Deal. McNutt es crucial porque involucra dos de los poderes más importantes del Congreso: la regulación de la economía nacional y la potestad tributaria. De estas definiciones dependen leyes fundamentales como el salario mínimo, el acceso al seguro médico y la mayoría de las normativas contra la discriminación.
La capacidad del Congreso para regular la producción
La Constitución detalla los poderes del Congreso, como crear ejércitos o establecer oficinas de correo. Una ley federal se considera inconstitucional si no encaja en estas facultades específicas.
Entre estas facultades destacan la capacidad de imponer impuestos, gastar fondos para la «Defensa común y el Bienestar general» y «regular el Comercio… Entre los diversos Estados», además de la cláusula para crear leyes «necesarias y apropiadas» para ejecutar dichas funciones.
En 1787, se entendía que regular el comercio «entre los diversos Estados» separaba la economía nacional del comercio puramente local. Por ejemplo, un agricultor de Iowa que vendiera sus productos solo a otros habitantes de Iowa estaba fuera del alcance del Congreso. Sin embargo, la llegada de los ferrocarriles cambió esto, permitiendo que los productos locales se distribuyeran masivamente en Chicago y otros estados, integrándose en la economía nacional.
Durante décadas, la Corte intentó mantener la distinción entre actividades locales y nacionales, pero resultó inviable. En el caso Wickard v. Filburn (1942), la Corte determinó que el Congreso puede regular todos los productos fabricados en EE. UU., incluso si no se venden, ya que el consumo personal afecta la oferta y el precio nacional.
En 2005, el caso Gonzales v. Raich aplicó la misma lógica a la marihuana, estableciendo que el Congreso podía prohibir su producción incluso para consumo propio para evitar que los cultivadores locales socavaran el objetivo federal de eliminar el mercado nacional.
Siguiendo esta línea, la capacidad del Congreso para regular los licores destilados debería incluir también aquellos producidos en el hogar.
La omisión del Departamento de Justicia sobre los precedentes Wickard y Raich
A pesar de estos antecedentes, el Departamento de Justicia no citó ni a Wickard ni a Raich en su escrito ante el Quinto Circuito. Debido a esto, el tribunal incluyó una nota indicando que el gobierno «renunció» a cualquier reclamo basado en el poder general de regular el comercio.
Este escrito se presentó en octubre de 2024, bajo la administración de Joe Biden. En su lugar, el Departamento de Justicia argumentó que la prohibición es necesaria para evitar que los destiladores locales evadan los impuestos sobre el alcohol.
Este argumento se basa en que la ley de 1868 surgió tras detectar una evasión masiva de impuestos por parte de destiladores caseros, buscando que la producción fuera abierta y fácilmente taxable. El caso Felsenheld v. United States (1902) sugería que el Congreso puede prescribir cualquier regla razonable para asegurar la recaudación de impuestos internos.
Sin embargo, no es seguro que la Corte actual considere «razonable» una prohibición total de la destilación casera. El Quinto Circuito señaló que la economía y la capacidad del gobierno para investigar estas actividades en 2026 son muy distintas a las de 1868, sugiriendo que la ley podría ya no ser necesaria para su propósito original.
Perspectivas del caso
Es sumamente probable que la Corte Suprema revise McNutt, dado que suele intervenir cuando se declara inconstitucional un estatuto federal.
Si la Corte anula la prohibición basándose únicamente en que no es necesaria para la recaudación de impuestos, el gobierno podría intentar revivirla más tarde apelando a Wickard y Raich. No obstante, es probable que los jueces quieran reconsiderar esos precedentes, que son impopulares en los círculos legales republicanos.
El riesgo es que, al cuestionar la premisa de que el Congreso puede regular toda la cadena de comercio desde la producción hasta el consumo local, se ponga en duda el fundamento de innumerables leyes federales, desde la regulación laboral hasta las protecciones contra la discriminación y la accesibilidad.
