El hombre señalado como principal responsable de uno de los casos más graves de insolvencia inmobiliaria de los últimos años en Portugal se encuentra en libertad, a pesar del impacto significativo causado a decenas de familias y al propio Estado. El caso se centra en la actividad de la empresa Diagramamotriz, promotora de varios proyectos inmobiliarios de lujo en el municipio de Palmela y otras zonas del país, que ha sido declarada insolvente.
Según los documentos del proceso de insolvencia, las reclamaciones de crédito ascienden a aproximadamente 26,7 millones de euros, involucrando a 144 acreedores, entre ellos 114 familias que se han quedado sin vivienda y sin el dinero invertido. En muchos casos, las pérdidas individuales alcanzan cientos de miles de euros, resultado de contratos de promesa de compraventa que nunca se concretaron.
Además de los particulares, el Estado también figura como acreedor. Los datos del proceso indican que la Hacienda Pública reclama alrededor de 87,4 mil euros, mientras que la Seguridad Social exige aproximadamente 41,6 mil euros en concepto de cotizaciones pendientes de regularizar.
El administrador judicial del proceso afirma que no se vislumbra ningún plan de recuperación viable, considerando irreversible el cierre de la empresa. El siguiente paso será la liquidación de los activos, una decisión que deberá formalizarse en una asamblea de acreedores.
La situación se agravó con la venta del principal activo de Diagramamotriz, el proyecto “Palmela Dreams”, adquirido por la sociedad Publiobra — Sociedade de Construções Civis por cerca de cuatro millones de euros. Para el administrador de insolvencia, Francisco José Areias Duarte, esta operación fue claramente perjudicial para la masa insolvente y los acreedores, con el objetivo de retirar patrimonio de la esfera patrimonial de la empresa insolvente.
Según información publicada por el Jornal de Negócios, este no sería un caso aislado. Esquemas similares se habrían utilizado en otros proyectos promovidos por Diagramamotriz, como “Alcaide Villas”, “Urbanização de Santa Teresinha”, “Ferra Cinta” y “Aires Dreams Living”.
La investigación judicial apunta a la venta repetida de las mismas viviendas a diferentes compradores, lo que permitió a la empresa recaudar millones de euros en señalizaciones asociadas a contratos de promesa de compraventa de inmuebles de lujo. Los datos confirmados en el proceso indican que se habrían recaudado alrededor de 17 millones de euros solo en señalizaciones, pagadas por decenas de familias que creían estar invirtiendo en su propia vivienda. Muchos de los inmuebles nunca se construyeron o fueron prometidos simultáneamente a varios compradores.
El impacto del esquema se describe como devastador para las víctimas, que se han quedado sin vivienda, sin el dinero invertido y, en algunos casos, con deudas fiscales derivadas de los contratos firmados.
El acusado fue detenido por la Policía Judicial en diciembre del año pasado, a raíz de cientos de denuncias presentadas por los afectados. A pesar de la gravedad de las sospechas, el tribunal decidió liberar al constructor, aplicando únicamente la medida de coacción de Presentación y Residencia.
Según una fuente cercana al acusado, la decisión judicial tuvo en cuenta el estado clínico del constructor, quien padece una enfermedad oncológica y necesita seguimiento médico permanente.
El caso vuelve a poner de manifiesto la necesidad de una mayor supervisión, transparencia y control en el sector inmobiliario, especialmente en proyectos de gran valor y con múltiples promesas de venta. Para decenas de familias, el sueño de tener una vivienda propia se ha convertido en una pesadilla financiera y judicial, que aún está lejos de resolverse.
