La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo provisional para armonizar las sanciones penales contra la corrupción, una directiva que, sin embargo, ha sido calificada de insuficiente por diversas organizaciones no gubernamentales. Aunque se esperaba una legislación contundente, el texto final, fruto de un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo, aparece diluido y carente de las medidas necesarias para abordar la creciente corrupción transfronteriza.
El acuerdo se produce en un contexto marcado por escándalos de alto perfil, como el caso Qatargate y la reciente detención de Federica Mogherini en relación con un caso de corrupción. Estos sucesos confirman la capacidad de adaptación y resiliencia de las redes ilícitas, lo que subraya la necesidad de una regulación más firme.
Entre las principales deficiencias señaladas por los observadores se encuentran la falta de un reconocimiento explícito de la gran corrupción transfronteriza, la insuficiencia de las normas obligatorias en materia de transparencia del lobbying y financiación política, y el papel limitado que se otorga a los organismos independientes de supervisión. Asimismo, se considera que el alcance de la directiva es demasiado prudente para lograr un cambio real en los comportamientos.
Tras la transposición de la directiva por los Estados miembros, Transparency International ha instado a los gobiernos a profundizar en las medidas de transparencia, proteger a la sociedad civil y abordar la gran corrupción con una mayor determinación de la que ha demostrado la Unión Europea.
