“Educación y Justicia Social”, una reciente publicación presentada en diversas universidades del país, propone un análisis exhaustivo y crítico de la evolución del derecho a la educación en Chile desde la década de 1990 hasta la actualidad.
La obra, coordinada y editada por Carlos Navia, profesor de la carrera de Derecho de la sede Viña del Mar de la Universidad Santo Tomás, es resultado de un proyecto del Centro de Estudios del Instituto Igualdad, en colaboración con la fundación alemana Friedrich Ebert.
Según explicó el académico, “el desarrollo de este trabajo requirió un año y medio, dada la relevancia de los 23 autores involucrados, incluyendo a figuras como el exministro José Weinstein, la exsubsecretaria María Isabel Díaz, y líderes estudiantiles como Karina Delfino, actualmente alcaldesa de Quinta Normal. El objetivo fue fomentar un diálogo intergeneracional, paritario e interdisciplinario, que permitiera reunir diversas perspectivas sobre la educación para fundamentar futuras políticas públicas que garanticen este derecho.”
Las presentaciones de la obra se han llevado a cabo en Santiago (Universidad Alberto Hurtado), Valparaíso (Universidad de Playa Ancha) y Rancagua (Universidad de O’Higgins).
Entre los asistentes a estos eventos se contaron destacadas personalidades del ámbito político, académico y educativo, como la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; el diputado electo por la Región de Valparaíso, Jaime Bassa; la exministra de Estado, Clarisa Hardy; la Premio Nacional de Educación, Beatrice Ávalos; el vicerrector de la Universidad Alberto Hurtado, Cristóbal Madero; y el académico de la Universidad Diego Portales y ex decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica, Cristián Cox.
Desafíos constitucionales
Si bien se han logrado avances en el reconocimiento del derecho a la educación desde los años 90, persisten desafíos significativos. “La desigualdad en Chile sigue siendo profunda, lo que dificulta la equiparación de oportunidades en el acceso a la educación. A nivel constitucional, se omiten estándares internacionales clave, como la promoción de la democracia y la participación ciudadana como objetivos fundamentales de la educación”, se señala en la publicación.
Asimismo, la Constitución no contempla la gratuidad en la educación superior, un principio que sí se encuentra presente en otros países gracias a tratados internacionales. “Si bien se han observado algunos avances a nivel legislativo, aún estamos por debajo de los estándares internacionales”, concluye Tapia.
