Una familia estadounidense se encuentra varada en Nigeria tras una adopción, debido a que su recién nacido hijo adoptivo no puede ingresar a Estados Unidos. La causa es una nueva proclamación del presidente Donald Trump que revoca una excepción previa para niños adoptivos y amplía las restricciones de viaje a 39 países, incluyendo Nigeria.
Según informes del «African Mirror», la familia Wilson, después de un largo proceso de adopción, esperaba regresar a casa, pero se ha visto impedida de hacerlo. La nueva medida impide la entrada al bebé, quien requiere cuidados especiales.
Ruptura histórica en las regulaciones de inmigración
Organizaciones de adopción denuncian una ruptura histórica: por primera vez, niños que ya han sido legalmente adoptados por ciudadanos estadounidenses podrían ser rechazados en la frontera. Hasta ahora, los niños adoptados internacionalmente generalmente estaban exentos, ya que la adopción establece una relación padre-hijo permanente según la ley estadounidense. Ahora, se les tratará como a otros ciudadanos de los países afectados que el gobierno ha incluido en una lista por motivos de seguridad.
Para las familias, esta situación llega en un momento inoportuno, a menudo después de años de complicados trámites de adopción. Aquellos que desean adoptar un niño en Estados Unidos deben someterse a exhaustivas investigaciones y verificaciones de seguridad, realizadas por agencias como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.
Deportistas y diplomáticos pueden seguir ingresando
Los Wilson advierten en cartas a políticos que los padres no deberían tener que decidir entre permanecer en un entorno inseguro o abandonar a sus hijos. Los defensores también critican que otros grupos de personas, como deportistas, diplomáticos y empresarios, puedan seguir ingresando, mientras que los niños pequeños se ven impedidos de hacerlo.
Las familias afectadas han lanzado una campaña y piden al Congreso que presione a la Casa Blanca para que modifique la proclamación o restablezca la excepción para las adopciones. Según los activistas, hasta el momento no hay indicios de que el gobierno esté dispuesto a reconsiderar la medida. Se desconoce cuántas familias se ven afectadas o si se planean excepciones humanitarias.
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