La reciente reforma del sistema federal de préstamos estudiantiles ha generado preocupación por la posibilidad de que los estudiantes se vean empujados hacia el mercado de préstamos privados.
Un informe del Congreso, liderado por la senadora federal Elizabeth Warren, revela que los cambios recientes en la política de préstamos del gobierno han reducido significativamente el acceso a los préstamos federales, y que las instituciones financieras privadas están aprovechando este vacío.
El núcleo de esta reforma radica en la eliminación del programa Grad PLUS, utilizado principalmente por estudiantes de posgrado, y en la reducción de los límites de los préstamos federales. Anteriormente, los estudiantes de posgrado podían solicitar préstamos que cubrían la totalidad de sus gastos de matrícula y manutención a través del programa Grad PLUS. Sin embargo, una disposición incluida en la ley de reducción de impuestos promulgada durante la administración de Donald Trump (conocida como la Ley One Big Beautiful Bill Act) eliminó este programa. Como resultado, los programas de posgrado que otorgan títulos profesionales, como medicina y derecho, ahora tienen un límite de préstamo de 200.000 dólares (con un máximo de 50.000 dólares por año), mientras que otros programas de posgrado tienen un límite de 100.000 dólares (con un máximo de 25.000 dólares por año).
Si bien los límites de los préstamos federales para estudiantes de pregrado se mantienen en gran medida sin cambios, se espera que esta modificación afecte de manera desproporcionada a los estudiantes de posgrado, cuyos programas suelen ser más costosos.
El informe advierte que, al no poder cubrir sus gastos únicamente con préstamos federales, los estudiantes de posgrado recurrirán cada vez más a los préstamos privados. De hecho, empresas como SoFi, Sallie Mae, Navient, College Ave, Citizens y Nelnet están expandiendo sus carteras de préstamos y buscando activamente nuevos clientes, considerando esta reforma como una oportunidad de crecimiento.
Sin embargo, legisladores y organizaciones de defensa del consumidor expresan su preocupación. Los préstamos privados carecen de las protecciones que ofrecen los préstamos federales, como la amortización basada en los ingresos, la condonación de préstamos por servicio público (PSLF) y la protección en caso de discapacidad o bancarrota. Existe el temor de que, al debilitarse los programas federales, las instituciones financieras privadas puedan aumentar las tasas de interés o imponer condiciones desfavorables.
Además, la reciente disminución de la supervisión por parte de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ha exacerbado la preocupación por la falta de regulación. La senadora Warren ha instado a una mayor supervisión federal para proteger a los estudiantes y sus familias.
