El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, impuso el 9 de octubre de 2026 sanciones financieras drásticas contra la Corte Penal Internacional. La medida busca prohibir todas las transacciones y bloquear los activos del tribunal en territorio estadounidense, horas después de que su exjueza Navi Pillay fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
La administración del presidente estadounidense Donald Trump adoptó una escalada sin precedentes contra la justicia internacional al imponer sanciones financieras directas sobre la Corte Penal Internacional como institución. La decisión, anunciada el viernes por el secretario de Estado Marco Rubio, coloca al tribunal de La Haya bajo las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, equiparándolo formalmente con redes criminales y cárteles de la droga según detallan las organizaciones de derechos humanas.
La medida prohíbe de manera tajante cualquier contribución, provisión de fondos, bienes o servicios destinados al tribunal o a su personal, bajo la amenaza de penalizaciones que incluyen hasta 20 años de prisión para ciudadanos estadounidenses que incumplan la orden.
La coincidencia temporal con el Nobel de la Paz otorgado a Navi Pillay
El anuncio oficial se produjo el mismo día en que el Instituto Nobel noruego concedió el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem «Navi» Pillay —quien sirvió como jueza en la Cámara de Apelaciones de la corte entre 2003 y 2008—, en reconocimiento a su trayectoria defendiendo la persecución de crímenes de guerra y genocidios. El presidente del Comité Nobel noruego, Jorgen Watne Frydnes, mostró una fotografía de la galardonada en el Instituto Nobel noruego en Oslo, mientras que Pillay se encontraba en una conferencia en el tribunal de Núremberg, en Alemania, donde los históricos juicios a líderes nazis hace casi 80 años sentaron las bases del derecho internacional moderno.
Durante una intervención posterior tras recibir el anuncio, Pillay reaccionó al galardón con ironía al comentar que, si aplaudían un poco más, tal vez compartiría el premio con Trump, haciendo referencia al ganador del año anterior que entregó su medalla al presidente estadounidense. Las publicaciones especializadas vincularon la furia de la Casa Blanca tanto al rechazo histórico del tribunal hacia Washington como al descontento del mandatario estadounidense con el comité noruego por no haberlo considerado a él mismo para el galardón, un malestar reflejado en redes sociales donde se lamentó que la distinción fuera otorgada a una persona que consideraban contraria a los intereses de Estados Unidos e Israel.
Las repercusiones económicas y las objeciones de la Casa Blanca
Washington justificó la ofensiva bajo la premisa de que la corte ha amenazado con procesar a militares estadounidenses, agentes de la Patrulla Fronteriza y líderes políticos, a pesar de que Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma que fundó el organismo en 2002. El gobierno norteamericano también ha rechazado firmemente las investigaciones del tribunal sobre las acciones de Israel en Gaza y los mandatos de arresto emitidos contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, respaldando la decisión estadounidense con felicitaciones públicas desde el gobierno de Netanyahu.
Marco Rubio sentenció que el presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a los estadounidenses
a través de un comunicado oficial donde añadió que la administración busca desmantelar por completo las operaciones del organismo multilateral, declarando asimismo ante la opinión pública que el tribunal es un órgano falso e ilegítimo.
Para mitigar una ruptura total inmediata, el Departamento del Tesoro estableció un periodo de exención temporal de 180 días mediante cuatro licencias generales, permitiendo operaciones específicas para telecomunicaciones, software, pagos de pensiones y transacciones vinculadas a detenidos del tribunal, mientras se otorga un margen para que los Estados miembros negocien una salida que satisfaga los reclamos de Washington.
El rechazo frontal de los Estados Partes y los líderes del tribunal
La respuesta internacional no se hizo esperar. La presidencia de la corte, encabezada por Tomoko Akane —quien ya se encontraba personalmente sancionada por la administración Trump desde agosto—, emitió un comunicado donde calificó las medidas coercitivas como un asalto directo al orden jurídico internacional, respaldada por un comunicado conjunto de los ministros de relaciones exteriores de Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y el Reino Unido que lamentó y rechazó rotundamente las sanciones anunciadas.
La Corte Penal Internacional afirmó en un comunicado oficial que es un intento de obstaculizar la administración de justicia y de impedir que la Corte cumpla aquello para lo que fue creada
y añadió que es un ataque contra el Estado de derecho y contra los propios cimientos del orden jurídico internacional que atenta contra el principio elemental de que nadie está por encima de la ley
.
Por su parte, la fiscal adjunta del tribunal, Nazhat Shameem Khan, rechazó las presiones de la Casa Blanca y aseguró que las sanciones pretenden socavar el estado de derecho, confirmando al mismo tiempo que las investigaciones sobre situaciones globales continuarán sin interrupciones a pesar del bloqueo financiero estadounidense, una postura compartida por diversos observadores y expertos legales en Canadá.
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