La administración Trump emitió el mes pasado una directiva formal, según informes, a sus diplomáticos en todo el mundo para combatir activamente cualquier iniciativa de soberanía de datos y localización adoptada por otros países.
El documento, un cable interno del Departamento de Estado fechado el 18 de febrero y firmado por el Secretario Marco Rubio, clasifica estas medidas como amenazas directas a los servicios de inteligencia artificial, la computación en la nube y los flujos globales de datos.
Considerado de forma aislada, parece ser una nota diplomática rutinaria, aunque seria. Sin embargo, al leerlo junto con la investigación comercial de la administración Trump contra Brasil en julio, así como desarrollos similares en el G20 y la Organización Mundial del Comercio (OMC), la directiva revela una estrategia coordinada y de amplio alcance para evitar que las naciones soberanas regulen cómo las plataformas estadounidenses tratan los datos y el contenido creado por sus ciudadanos en línea.
Una ofensiva diplomática doctrinal
El cable de Rubio no es un documento reactivo, sino doctrinal. Clasificado internamente como una solicitud de acción –es decir, una solicitud de medidas concretas, no mera observación–, instruye a los diplomáticos estadounidenses a monitorear las propuestas legislativas sobre datos en sus países de acogida y a intervenir con los gobiernos y reguladores locales para desalentar tales iniciativas. El lenguaje es inequívoco: los representantes estadounidenses deben “contrarrestar las regulaciones innecesariamente onerosas, como los mandatos de localización de datos”.
El argumento central presentado por Rubio es que las leyes de soberanía de datos “interrumpen los flujos globales de datos, aumentan los costos y los riesgos de ciberseguridad, limitan la inteligencia artificial (IA) y los servicios en la nube, y expanden el control gubernamental de maneras que pueden socavar las libertades civiles y permitir la censura”. Esto equivale a una narrativa estratégicamente construida que equipara las regulaciones soberanas básicamente con el autoritarismo y la censura. Al hacerlo, Washington intenta tomar la delantera moral antes de que pueda tener lugar cualquier debate técnico o legal.
No es coincidencia que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea se mencione explícitamente en el cable como un ejemplo de una regulación que impone restricciones excesivas al procesamiento y al flujo transfronterizo de datos.
Como alternativa, se instruye a los diplomáticos a promover el Foro Global de Reglas de Privacidad Transfronteriza, una iniciativa que Estados Unidos y sus aliados lanzaron en 2022 y que presentaron como un modelo para flujos de datos confiables que preserva la privacidad sin recurrir a barreras nacionales.
El mensaje implícito es claro: Estados Unidos define lo que cuenta como confiable.
Este no es un episodio aislado. El año pasado, Rubio ordenó una campaña de lobby contra la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea. Además, la administración Trump anunció planes para lanzar un portal en línea, Freedom.gov, para ayudar a los usuarios europeos y de otros países a eludir las reglas de moderación de contenido, incluidas las restricciones a la incitación al odio y la propaganda terrorista.
El cable de soberanía de datos es otro capítulo en una ofensiva sistemática en defensa del modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses.
La Sección 301 y el caso de las plataformas
En julio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) inició una investigación formal de la Sección 301 contra Brasil, uno de los instrumentos más poderosos del arsenal comercial estadounidense, que abarca seis áreas pero se centra en el eje digital.
El detonante inmediato fue la decisión de junio del Tribunal Supremo brasileño de revocar parcialmente el Artículo 19 del Marco Civil de Internet, exponiendo a las plataformas digitales a la responsabilidad por contenido dañino incluso sin una orden judicial específica.
La administración Trump calificó esta decisión constitucional soberana como un “ataque a las empresas estadounidenses”, una posición formalmente respaldada por Google, Meta, X y Microsoft en sus presentaciones a la USTR. La investigación también se dirige a Pix, el sistema de pagos instantáneos de Brasil, como un subsidio estatal encubierto; la Resolución 780/2025 de la agencia reguladora de telecomunicaciones Anatel sobre la certificación de centros de datos y mercados; y la acción de la autoridad de competencia brasileña CADE contra las prácticas de pago dentro de la aplicación de Apple.
La geopolítica de la coerción
La investigación de la USTR crea una espada de Damocles sobre la política digital brasileña, con la amenaza de aranceles de represalia que funcionan como un poderoso elemento disuasorio contra el avance de Brasil en regulaciones que disgusten a las plataformas estadounidenses.
Combinado con el cable de Rubio, que instruye a los diplomáticos en Brasilia para que monitoreen activamente y combatan las iniciativas de soberanía de datos, el resultado es un entorno de presión multidimensional que opera simultáneamente a nivel económico, diplomático y retórico.
Esta presión bilateral se refuerza con dos instrumentos multilaterales. La presidencia estadounidense del G20, que culmina en la Cumbre de Líderes en Miami este diciembre establece una agenda deliberadamente estrecha, centrada en la desregulación, la energía y la innovación, y borrando las normas de soberanía digital construidas bajo las presidencias brasileña y sudafricana en 2024 y 2025, respectivamente.
Estados Unidos boicoteó la Cumbre de Johannesburgo en noviembre, y el sitio web de su presidencia del G20 publicó como único contenido una imagen de Trump junto con la frase “AÚN LO MEJOR ESTÁ POR VENIR”.
En la OMC, Estados Unidos está proponiendo una extensión indefinida de la moratoria de 1998 sobre los derechos de aduana sobre las transmisiones electrónicas, lo que protegería a una proporción cada vez mayor de la economía digital global (software, transmisión en flujo, nube y contenido de IA) de cualquier tributación soberana.
Naciones en desarrollo como India, Sudáfrica e Indonesia se han opuesto a ello, argumentando que les priva de ingresos fiscales y restringe su capacidad de industrialización digital.
Lo que está en juego
Cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos instruye formalmente a sus diplomáticos para que luchen contra las iniciativas de soberanía de datos en todo el mundo, está protegiendo un interés nacional concreto de la más alta importancia estratégica. Los datos son el insumo principal de la economía digital, y las reglas que rigen quién los controla, dónde se almacenan y cómo se procesan determinan quién captura el valor económico, político y tecnológico que generan.
El cable de Rubio explica mucho. Explica por qué los marcos regulatorios digitales avanzan tan lentamente en países como Brasil. Explica por qué los debates sobre la responsabilidad de las plataformas, la tributación de los servicios digitales y la protección de datos enfrentan resistencia más allá de los círculos nacionales. Y explica, sobre todo, por qué la investigación de la Sección 301 no debe leerse como una disputa comercial convencional, sino como parte de una estrategia más amplia para contener cualquier regulación soberana que pueda restringir las operaciones globales de las empresas tecnológicas estadounidenses.
Sumado a la investigación de la Sección 301, la ofensiva diplomática de la administración crea las condiciones perfectas para revertir las medidas soberanas. Brasil ha cedido en otras ocasiones cuando se ha utilizado este argumento por parte de Estados Unidos.
Esto se ha hecho no a través de la coerción explícita, sino a través de algo más sutil y eficaz: la creación de un entorno en el que la regulación digital soberana parece demasiado costosa, demasiado peligrosa y diplomáticamente imprudente. Pero Brasil tiene el derecho, y el deber, de hacer lo que hace Washington: proteger sus intereses estratégicos con rigor técnico, cohesión y determinación. Eso no es antiamericanismo. Eso es soberanía.
