Estados Unidos anunció este miércoles una serie de medidas destinadas a facilitar el comercio de petróleo, en una clara señal de la preocupación de Donald Trump por contener el fuerte aumento de los precios de la gasolina provocado por la guerra en Oriente Medio.
El presidente estadounidense suspendió, por un período de 60 días, una ley que prohíbe el transporte de combustible en buques no estadounidenses.
Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio “para mitigar las interrupciones a corto plazo en el mercado petrolero”.
Paralelamente, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció que continuará levantando las sanciones económicas impuestas a Venezuela, una iniciativa que considera beneficiosa para ambas naciones.
A principios de mes, Donald Trump había afirmado que el aumento de los precios de los hidrocarburos era “un pequeño precio a pagar por la paz y la seguridad” mundial. Sin embargo, ante la persistencia de la inestabilidad en los mercados, dio marcha atrás y suspendió temporalmente las sanciones al petróleo ruso.
También instó a los miembros de la OTAN y a los países dependientes del petróleo del Golfo a colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para las exportaciones de la región que permanece prácticamente bloqueada desde hace más de dos semanas.
Desde los primeros ataques en Irán perpetrados por Estados Unidos e Israel, los precios del petróleo crudo han aumentado casi un 50%.
Este incremento se está sintiendo significativamente en las gasolineras. Un galón de gasolina (3,78 litros) ahora cuesta 3,84 dólares, en comparación con los 2,98 dólares de finales de febrero, según datos de la asociación automovilística estadounidense AAA.
“Las próximas semanas serán difíciles, pero solo temporales”, declaró el vicepresidente JD Vance durante una visita a una fábrica en Michigan (norte).
Una medida modesta
La ley “Jones Act”, con más de un siglo de antigüedad, exige que los transportistas marítimos utilicen buques construidos y propiedad de estadounidenses cuando operan entre dos puertos del país.
Su suspensión “aumentará la flota de petroleros disponibles, reduciendo así los cuellos de botella en el transporte”, según estiman los analistas de S&P Global.
Según sus cálculos, “una entrega típica” desde los centros de producción en el Golfo de México hasta la costa atlántica “puede costar entre 3 y 4 dólares más por barril” si se realiza en un buque compatible con la ley “Jones Act” en lugar de un petrolero extranjero.
Solo “una fracción” de los buques en el mundo cumplen con los estándares de la ley “Jones Act”, señaló Colin Grabow, experto en el tema, a la AFP.
El investigador del Cato Institute indicó que “las incertidumbres se centran simplemente en la magnitud” de los efectos de la suspensión de esta ley.
El anuncio, sin embargo, no tuvo un efecto notable en los precios del crudo, que continuaron su tendencia alcista este miércoles.
Josh Lipsky, experto del centro de análisis Atlantic Council, no espera consecuencias significativas, considerando que la medida es “demasiado modesta para influir en las fuerzas más importantes en juego en el Golfo”.
En cambio, destaca la duración de la exención elegida por las autoridades estadounidenses, lo que, a su juicio, “presagia” un conflicto prolongado.
En respuesta a un ataque contra una de sus instalaciones de gas, Irán anunció este miércoles su intención de atacar instalaciones energéticas en el Golfo.
El jefe de la diplomacia iraní también prometió continuar un conflicto con “repercusiones globales (…), sin distinción de riqueza, creencia o raza”.
