El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras contra diez personas y entidades acusadas de integrar una red de fraude del Tren de Aragua que robó millones de dólares a instituciones financieras mediante el secuestro de cajeros automáticos con software malicioso conocido como jackpotting.
La Administración de Estados Unidos amplió su ofensiva contra la organización criminal venezolana Tren de Aragua, catalogada como organización terrorista extranjera, al sancionar a una presunta red transnacional de lavado de dinero y fraude informático. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a diez objetivos vinculados a la estructura, que operaba principalmente desde México y Venezuela para vaciar cajeros automáticos en territorio estadounidense.
Las autoridades federales detallan que el esquema delictivo acumuló pérdidas calculadas en 40,73 millones de dólares a través de más de 1.500 ataques separados contra terminales financieras. Esta maniobra ilegal, conocida técnica y comúnmente en las investigaciones judiciales como jackpotting, emplea programas informáticos maliciosos para forzar a las máquinas expendedoras de efectivo a entregar dinero sin que medie ninguna transacción legítima o autorización bancaria.
Aníbal Alexander Canelón Aguirre y los operadores internacionales sancionados
El entramado financiero ilícito operaba bajo la coordinación directa de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias Prometheus
o El Ingeniero
, quien figura actualmente entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Las autoridades estadounidenses sostienen que Canelón Aguirre dirigía las operaciones de manipulación tecnológica de cajeros desde el exterior, mientras los fondos robados eran blanqueados e integrados en las finanzas de la organización criminal.
Junto con el presunto cabecilla, el Departamento del Tesoro sancionó a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Juancho
, identificado como un dirigente de alto rango del grupo terrorista que dirigía actividades ilícitas en varios países de Sudamérica, incluyendo el tráfico de drogas y la extracción ilegal de oro. El listado de sancionados incluye también a Carlos Javier Martínez Armenta, Alejandro Mejía Castillo, José Darío Galeano Bazurto, Eric Gabriel Cárdenas Arzola, Óscar Leonardo Martínez Pirona, Anthony Wuiliam Hernández Guerrero y Aslhy Javier Galeano Basurto.
Las penalizaciones económicas alcanzan además a dos empresas mexicanas señaladas de servir de fachada para las operaciones: Enigma Community, vinculada a Martínez Pirona, y Soluciones Integrales Toluca, asociada a Mejía Castillo. La medida gubernamental congela la totalidad de los bienes y activos que los sancionados posean bajo jurisdicción de Estados Unidos y veta por completo a cualquier ciudadano o empresa estadounidense de realizar transacciones comerciales con ellos.
Investigaciones judiciales y despliegue del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional
Desde el 21 de octubre de 2025, la fiscalía federal ha presentado cargos formales contra 98 personas vinculadas a estas conspiraciones de jackpotting extendidas por 26 estados de la Unión Americana.
Los expedientes judiciales revelan que los miembros del grupo criminal introdujeron el software malicioso, entre los que destaca el programa conocido como Ploutus, en terminales bancarias dispersas por todo el país. En un solo fin de semana de agosto de 2025 en el estado de Nebraska, los delincuentes consiguieron sustraer 300.000 dólares mediante accesos no autorizados a los cajeros automáticos.
Impacto en el sistema financiero y advertencias sobre sanciones secundarias
Las sanciones emitidas por la OFAC imponen un riguroso cumplimiento normativo a los bancos e instituciones financieras internacionales, las cuales arriesgan sanciones secundarias si facilitan transacciones significativas para los designados bajo la autoridad antiterrorista. Las restricciones apuntan a aislar por completo a los operadores financieros de la estructura criminal.
Esta acción gubernamental se inserta en una campaña general de seguridad nacional que acumula más de 30 medidas coercitivas contra más de 300 personas y entidades ligadas a organizaciones criminales transnacionales desde el año 2025. Los portavoces oficiales del gobierno estadounidense recalcaron que la persecución contra los activos de la estructura criminal continuará de manera implacable en cualquier territorio donde sus integrantes intenten ocultarse.
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