WASHINGTON — El Departamento de Estado anunció el martes que prohibirá la entrada a cinco ciudadanos europeos a quienes acusa de liderar esfuerzos para presionar a las empresas tecnológicas estadounidenses a censurar o suprimir puntos de vista estadounidenses.
Los europeos, descritos por el Secretario de Estado Marco Rubio como activistas “radicales” y organizaciones no gubernamentales “instrumentalizadas”, se vieron afectados por una nueva política de visados anunciada en mayo para restringir la entrada de extranjeros considerados responsables de la censura de la libertad de expresión en Estados Unidos.
“Durante demasiado tiempo, ideólogos en Europa han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses a castigar puntos de vista estadounidenses que se oponen a ellos”, publicó Rubio en X. “La administración Trump no tolerará más estos flagrantes actos de censura extraterritorial”.
Sarah Rogers, la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, identificó a los cinco europeos en una serie de publicaciones en las redes sociales. Entre ellos se encuentran los líderes de organizaciones que abordan el odio digital y un excomisario de la Unión Europea que chocó con el multimillonario tecnológico Elon Musk por la emisión de una entrevista en línea con Donald Trump.
La declaración de Rubio indicó que estos individuos promovieron campañas de censura por parte de gobiernos extranjeros contra estadounidenses y empresas estadounidenses, lo que, según él, creó “potenciales consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos”.
Esta acción para prohibirles la entrada a Estados Unidos forma parte de una campaña de la administración Trump contra la influencia extranjera en el discurso en línea, utilizando la ley de inmigración en lugar de regulaciones de plataformas o sanciones.
Los cinco europeos nombrados por Rogers son: Imran Ahmed, director ejecutivo del Centre for Countering Digital Hate; Josephine Ballon y Anna-Lena von Hodenberg, líderes de HateAid, una organización alemana; Clare Melford, quien dirige el Global Disinformation Index; y el excomisario de la UE Thierry Breton, quien fue responsable de Asuntos Digitales.
Rogers, en su publicación en X, calificó a Breton, un empresario francés y exministro de Finanzas, como el “cerebro” detrás de la Ley de Servicios Digitales de la UE, que impone un conjunto de requisitos estrictos diseñados para mantener seguros a los usuarios de Internet. Esto incluye el marcado de contenido dañino o ilegal, como el discurso de odio.
Se refirió a la advertencia de Breton a Musk sobre una posible “amplificación de contenido dañino” al transmitir su entrevista en vivo con Trump en agosto de 2024, cuando era candidato a la presidencia.
Breton respondió el martes en X señalando que los 27 estados miembros de la UE votaron a favor de la Ley de Servicios Digitales en 2022. “A nuestros amigos estadounidenses: ‘La censura no es donde creen que está’”, escribió.
El Ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, dijo que Francia condena las restricciones de visado a Breton y a los otros cuatro. También publicó en X que la DSA se adoptó para garantizar que “lo que es ilegal fuera de línea también sea ilegal en línea”. Añadió que “no tiene ningún alcance extraterritorial y de ninguna manera concierne a Estados Unidos”.
La mayoría de los europeos están cubiertos por el Programa de Exención de Visado, lo que significa que no necesitan necesariamente visas para ingresar al país. Sin embargo, deben completar una solicitud en línea antes de su llegada a través de un sistema administrado por el Departamento de Seguridad Nacional, por lo que es posible que al menos algunas de estas cinco personas hayan sido señaladas a DHS, dijo un funcionario estadounidense, que solicitó el anonimato para discutir detalles que no se han publicado.
Otras políticas de restricción de visados se anunciaron este año, junto con prohibiciones dirigidas a visitantes extranjeros de ciertos países africanos y de Medio Oriente y a la Autoridad Palestina. A los visitantes de algunos países se les podría exigir que presenten una fianza financiera al solicitar una visa.
