El Gobierno de España ha destinado un crédito extraordinario de 25 millones de euros para atender a unos mil menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la masiva entrada fronteriza del pasado mes de julio, mientras las autoridades locales y policiales aceleran los trámites de identificación y derivación a la península.
Menores en las calles de Ceuta y las cifras del colapso asistencial
Casi una semana después de la crisis migratoria que llevó a miles de personas a cruzar la frontera en el enclave norteafricano, la situación de los menores de edad genera la principal preocupación humanitaria. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró en cerca de 72.000 las personas que cruzaron la frontera en un primer momento, de las cuales unas 70.000 ya han regresado a Marruecos. Sin embargo, un grupo estimado de mil menores continúa en la ciudad autónoma sin la compañía de sus familias.
Las discrepancias sobre el número exacto de menores que siguen en el territorio son evidentes entre las distintas administraciones. Mientras que el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, sitúa la cifra de menores identificados por la Policía Nacional en 528, el consejero de Presidencia local, Alberto Gaitán, elevaba el registro oficial a 862 menores acogidos en los recursos de protección de la ciudad. Fuentes locales y asociaciones vecinales estiman que la cifra real podría rondar entre los 3.000 y los 5.000 menores deambulando o escondidos en las calles.
En el plano asistencial, la Cruz Roja mantiene la distribución diaria de comida y agua en la zona de El Trampolín con la colaboración de las fuerzas de seguridad, según detalló europapress.es. Los centros de acogida de la ciudad se encuentran completamente colapsados ante una infraestructura estructural diseñada originalmente para apenas 29 plazas.
Financiación extraordinaria del Ejecutivo y habilitación de colegios
Ante esta situación de saturación, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció una partida extraordinaria de 25 millones de euros que se suman a los 5,5 millones ya asignados previamente durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en julio, según informó Informativos Telecinco.
En paralelo, el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, ha coordinado la habilitación temporal de dos centros educativos —el CEIP Reina Sofía en el barrio de Puente de Quemadero y el CEIP Príncipe Felipe en El Príncipe— para alojar de manera provisional a los menores, priorizando a las niñas, mientras se acondicionan unas naves industriales dotadas de carpas y literas. Desde el Gobierno central se ha recalcado que los colegios habilitados estarán libres antes del inicio del curso escolar en septiembre.
Identificación policial y el complejo mecanismo de derivación a la península
La legislación española establece que los menores migrantes no acompañados deben recibir protección y no ser devueltos automáticamente, a diferencia de los adultos.
Una vez completada la filiación administrativa, se activa el mecanismo de reubicación previsto en el artículo 35 de la Ley de Extranjería, el cual fija un plazo máximo de 15 días para trasladar a los menores a otras comunidades autónomas en la península. Sin embargo, las autoridades locales advierten que cumplir ese plazo en una circunstancia tan extraordinaria resulta sumamente complejo.
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