Amnistía Internacional (AI) celebró este miércoles 17 de diciembre de 2025 la liberación en El Salvador del abogado Alejandro Henríquez y del líder comunitario José Ángel Pérez, quienes habían sido detenidos en mayo tras participar en una protesta pacífica. Ambos fueron procesados por presuntos delitos de desórdenes públicos y “resistencia agresiva”.
“Celebramos que Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez recuperen hoy su libertad tras meses de detención injusta”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de AI, en un comunicado.
Piquer enfatizó que “nunca debieron haber sido privados de libertad ni sometidos a un proceso penal por ejercer su derecho a la protesta pacífica”. La organización señaló que el uso de cargos como “resistencia agresiva” y “desórdenes públicos” en estos casos es incompatible con los estándares internacionales de libertad de expresión y reunión pacífica.
Henríquez y Pérez fueron detenidos el 13 de mayo, según denunciaron diversas organizaciones, durante una manifestación en la que solicitaban al presidente Nayib Bukele que apoyara la suspensión de un desalojo que amenazaba a cientos de campesinos en una zona rural del país.
Este miércoles, ambos comparecieron ante un tribunal donde fueron sentenciados a tres años de cumplimiento de reglas de conducta, según informaron sus abogados.
Preocupación por otros defensores de derechos humanos
Si bien la excarcelación de Henríquez y Pérez es un avance, Amnistía Internacional advierte que no repara las violaciones de derechos humanos cometidas durante el proceso penal, ni elimina el carácter arbitrario de su detención.
“En medio de esta buena noticia, no podemos olvidar que otras personas defensoras de derechos humanos y voces disidentes en El Salvador —como Ruth López, Fidel Zavala, Enrique Anaya, entre otros— continúan enfrentando procesos penales y detenciones arbitrarias por ejercer sus derechos o por expresar críticas al gobierno”, añadió Piquer.
Como parte de su sentencia, Henríquez y Pérez deberán presentarse periódicamente ante un tribunal de vigilancia penitenciaria y no podrán participar en actividades relacionadas con los delitos por los que fueron acusados durante los próximos tres años.
gs (efe, Contrapunto, La Prensa Gráfica)
