Santiago, Chile – En un clima marcado por la creciente preocupación por la delincuencia y la inmigración, los chilenos se preparan para volver a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente. La elección podría significar un giro significativo hacia la derecha, el más pronunciado desde la dictadura de Augusto Pinochet.
Las encuestas otorgan una ventaja considerable –alrededor del 60%– al candidato ultraderechista José Antonio Kast, quien se enfrentará a Jeannette Jara, la candidata oficialista de izquierda.
A diferencia de las elecciones de hace cuatro años, donde las demandas de reformas estructurales y libertades individuales dominaron el debate político, este año la seguridad ciudadana ha eclipsado otras preocupaciones como la economía, la salud y la educación. La delincuencia se ha convertido en la principal inquietud para la mayoría de los chilenos.
La inmigración, especialmente el flujo masivo de venezolanos a partir de 2019, también figura como una preocupación central. Sectores de la sociedad, e incluso del gobierno actual, han relacionado el aumento de la inmigración con el incremento de la violencia urbana.
“La delincuencia ha alcanzado niveles que no estábamos acostumbrados”, comentó Norma Ayala, una jubilada de 67 años, a The Associated Press. “Y ha cambiado mucho, aunque suene mal, con la llegada de tantos extranjeros”.
De hecho, casi dos tercios de los chilenos señalan la violencia como su mayor temor, según un informe de IPSOS divulgado en noviembre, que encuestó a unas 25.000 personas en treinta países. Un 63% de los ciudadanos expresó su preocupación por la violencia, mientras que un 40% se mostró inquieto por la inmigración.
Si bien Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, la tasa de homicidios se ha duplicado en la última década, pasando de 2,32 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 6,0 en 2024.
Medidas drásticas ante la inseguridad y la inmigración
Tanto Jara como Kast, fundador del Partido Republicano, han propuesto medidas para abordar la inseguridad y endurecer las políticas migratorias en un país donde los extranjeros representan casi el 9% de sus 18,5 millones de habitantes. Sin embargo, sus enfoques difieren significativamente.
Jara, buscando continuar con las políticas del gobierno saliente de Gabriel Boric, propone medidas más moderadas para controlar el flujo migratorio, incluyendo un registro oficial de los más de 330.000 migrantes que se encuentran actualmente en situación irregular en Chile. En cuanto a la lucha contra el crimen, aboga por la construcción de más cárceles, la modernización de las fuerzas policiales y la creación de equipos especializados para rastrear y desmantelar las finanzas ilícitas de las organizaciones criminales.
En la recta final de la campaña, Jara ha adoptado un tono más firme, defendiendo la expulsión de los extranjeros que no se registren o cometan delitos en Chile, e incluso considerando un Estado de Emergencia “si fuera necesario”, buscando atraer el voto de aquellos que piden medidas más contundentes.
Kast, por su parte, promete implementar una política de mano dura, similar a la del presidente Nayib Bukele en El Salvador, cuya mega cárcel llegó a visitar. Su programa incluye la construcción de centros de detención y expulsión para migrantes, la instalación de barreras físicas en la frontera y un mayor poder de acción para las fuerzas de seguridad. “Quienes intenten ingresar de manera violenta o desobedecer las órdenes serán reducidos con protocolos estrictos”, advierte.
Propuestas económicas en contraste
Kast ha prometido impulsar la inversión, reducir la burocracia y mejorar las condiciones para la creación de empleo. Su plan de gobierno también contempla un recorte de aproximadamente 6.000 millones de dólares en gastos para reducir el tamaño del Estado y aliviar el presupuesto.
Jara, por su lado, propone una economía que combine crecimiento con protección social, aumento de la productividad y fortalecimiento del trabajo formal. Para ello, se ha centrado en mantener y expandir algunos de los beneficios implementados durante el gobierno de Boric, como un ingreso mínimo de unos 815 dólares mensuales, la limitación de los aumentos en los costos de salud y educación, y la reducción de las tarifas de electricidad.
Un voto marcado por el desencanto
La primera vuelta de las elecciones estuvo marcada por una fuerte polarización y la confrontación entre extremos opuestos del espectro político, algo que no se veía desde la redemocratización del país en 1990. Estas elecciones presidenciales también son históricas, ya que es la primera vez que el voto es obligatorio en Chile.
Las últimas encuestas, previas a la veda electoral, indican que entre el 17% y el 20% de los electores aún no han decidido su voto o planean votar en blanco o anular su sufragio, reflejando el desencanto de un electorado poco conforme con las posturas más extremas.
“Ninguno de los dos candidatos me representa, y creo que a mucha gente tampoco”, declaró a AP el artista visual Gonzalo Medel. “Al final, termina siendo lo mismo que siempre: votar por el mal menor”.
En un intento por captar a este segmento indeciso del electorado, tanto Jara como Kast han moderado sus discursos y adoptado propuestas de otros candidatos, especialmente del economista Franco Parisi, quien obtuvo casi el 20% de los votos en la primera vuelta. Sus votantes son diversos y difíciles de categorizar, incluyendo jóvenes desconfiados de las instituciones, trabajadores, empresarios y personas descontentas con la clase política.
“Ambos candidatos están jugando a no definirse demasiado en los temas que podrían restarles votos”, afirmó la politóloga Claudia Heiss, de la Universidad de Chile. “Han tratado de ocultar aquellos elementos que podrían percibirse como perjudiciales para esos votos indecisos”.
Jara ha buscado distanciarse aún más de su Partido Comunista y anunció que renunciaría a la formación en caso de ser elegida. También ha incorporado propuestas de otros candidatos, como la devolución de impuestos sobre medicamentos y estímulos financieros para jóvenes.
Por su parte, Kast, un abogado opuesto al aborto y al matrimonio igualitario, ha adoptado un tono más conciliador y ha asegurado que, en su gobierno, “ningún derecho adquirido será afectado”. Asimismo, ha enfatizado que acogerá a “cualquier persona que quiera apoyar las ideas de la libertad”.
