Organizaciones LGBTI+ en Eslovaquia denuncian una campaña de presión financiera y social coordinada por el Estado. Según reportes de Denník N y marker.sk, el gobierno ha bloqueado subvenciones europeas basándose explícitamente en la orientación sexual de los beneficiarios, mientras que la ONG Saplinq reclama la retención ilegal de 100.000 euros.
¿Por qué el Estado eslovaco bloquea fondos a ONG LGBTI+?
La retención de fondos parece responder a directrices políticas directas. De acuerdo con una investigación de Denník N, una subvención europea ha sido retenida durante más de un año en la gestión de Drucker. El director de una entidad subordinada justificó este bloqueo afirmando que la medida se tomó «porque es LGBT» y siguiendo una «instrucción del ministro».
Esta situación no es un caso aislado. La organización Saplinq, con sede en Košice, ha denunciado que el Estado retiene de manera contraria a la ley una suma de 100.000 euros, según informa el medio Korzár. Mientras que en el caso de las subvenciones europeas el motivo es la identidad de la organización, el caso de Saplinq subraya una tendencia de asfixia financiera hacia el sector no gubernamental que defiende los derechos civiles.
¿Cuál es la situación actual de los derechos LGBTI+ en Eslovaquia?
El entorno para el colectivo LGBTI+ se ha vuelto más hostil. Denník N advierte en su filtro de noticias semanal que los ataques contra las personas LGBTI+ están aumentando. El medio resalta una preocupante ausencia de liderazgo institucional, señalando que no existe un presidente que haya salido en defensa de estas personas frente a las agresiones.
A este clima de vulnerabilidad social se suman comparaciones extremas. Según marker.sk, el bloqueo de subvenciones a organizaciones «arcoíris» ha ido acompañado de retóricas que llegan incluso a realizar comparaciones con el Holocausto, intensificando la presión sobre el activismo en el país.
Contraste de las medidas de presión
Al analizar los reportes de Korzár, Denník N y marker.sk, se observa una estrategia doble: por un lado, el uso de la burocracia estatal para retener fondos ya asignados (como los 100.000 euros de Saplinq) y, por otro, la denegación de acceso a fondos europeos mediante órdenes ministeriales explícitas. Esta combinación de presión económica y silencio presidencial deja a las ONG sin recursos para combatir el aumento de los ataques sociales.
