En octubre de 2022, una acusación impactante sacudió el mundo del entretenimiento y la prensa británica. Seis figuras públicas de renombre –Baroness Doreen Lawrence, el Príncipe Harry, las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost Law, Sir Elton John y su esposo David Furnish, y el exministro liberal demócrata Sir Simon Hughes– acusaron a Associated Newspapers de prácticas invasivas a la privacidad.
Las acusaciones incluyen el acceso no autorizado a buzones de voz, el uso de investigadores privados para obtener información personal de manera ilícita (“blagging”), la intervención telefónica y técnicas de vigilancia agresivas. Lo que añade un matiz particularmente delicado a este caso es que Baroness Lawrence había recibido un fuerte apoyo por parte de The Mail en la década de 1990 durante su campaña para llevar a los asesinos de su hijo Stephen ante la justicia.
Según la denuncia, un reportero de alto rango habría encargado a los investigadores la interceptación telefónica y la colocación de micrófonos para obtener información para sus artículos. Este caso se suma a una larga historia de controversias en torno a la prensa y sus métodos.
En el juicio, los demandantes deberán demostrar que sus derechos a la privacidad fueron vulnerados por periodistas de Associated Newspapers. Uno de los principales desafíos radica en el límite de tiempo de seis años para reclamar violaciones de la privacidad, considerando que algunas de las acusaciones se remontan a décadas atrás. Para superar este obstáculo, deberán demostrar que no tenían conocimiento de una posible demanda hasta hace poco.
Associated Newspapers alega que, para lograr esto, periodistas aliados publicaron artículos en sitios web de noticias marginales con el fin de crear “momentos clave” artificiales, simulando el descubrimiento de la verdad sobre las acciones del periódico. Los demandantes niegan rotundamente estas acusaciones, y será el juez quien determine la veracidad de ambas versiones.
Parte de la evidencia presentada proviene de los propios investigadores privados, e incluso de información obtenida a cambio de dinero. Si bien esto no es necesariamente un impedimento en los tribunales civiles, el juez deberá evaluar si esto afecta la credibilidad de las pruebas.
