La Corte Suprema de Justicia determinó que la senadora Martha Peralta continuará su proceso penal en libertad por el caso de corrupción en la UNGRD. Aunque la magistrada Cristina Lombana retiró el proyecto de medida de aseguramiento, la investigación por presunta intermediación política en contratos sigue su curso bajo nuevas condiciones judiciales.
La situación jurídica de la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, dio un giro inesperado esta semana en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
El estatus del proceso y la decisión de la magistrada Lombana
La investigación contra Peralta se centra en su supuesta participación como intermediaria política para direccionar contratos financiados con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de favorecer la aprobación de reformas gubernamentales. A pesar de que la magistrada ponente, Cristina Lombana, considera que existen elementos que sugieren una actuación irregular, el proyecto para definir su situación jurídica fue retirado.
Según fuentes judiciales citadas por Semana, existe una discusión interna sobre una posible nulidad de la indagatoria, fundamentada en alegaciones sobre la legalidad de la detención preventiva inicial. Este debate ha generado incertidumbre sobre si la magistrada Lombana continuará al frente del caso o si el expediente podría ser reasignado por orden alfabético al magistrado César Reyes, un escenario que ya ha ocurrido en otras investigaciones vinculadas a funcionarios cercanos al Gobierno.
Condiciones de libertad y cambios en la defensa
Aunque la congresista de La Guajira recuperó su libertad el pasado 23 de junio, su permanencia en el proceso está sujeta a compromisos estrictos. Peralta firmó un acta donde se obliga a atender todos los requerimientos de la Corte Suprema, notificar cualquier cambio de domicilio y solicitar autorización formal si requiere salir del país. Este compromiso fue suscrito tras el rechazo por parte de un juez de familia de un habeas corpus que su defensa había interpuesto para intentar obtener su liberación inmediata durante la retención inicial.
El proceso también ha estado marcado por una reestructuración en la defensa de la senadora. Tras la renuncia de su anterior abogado, Henry Montes, asumió el caso Marlon Díaz. La llegada de Díaz generó comentarios en los pasillos judiciales debido a que es cercano a David Benavides, el abogado que representa al ministro del Interior, Armando Benedetti, en sus procesos ante el mismo tribunal.
El impacto del calendario judicial y las comparaciones con otros implicados
El futuro del expediente está condicionado por los tiempos de la Corte. La magistrada Cristina Lombana finalizará su periodo constitucional el 8 de octubre de 2026. Si para esa fecha no se ha tomado una decisión de fondo sobre la responsabilidad penal de la senadora, el caso pasará a manos de otros magistrados que deberán evaluar el material probatorio acumulado hasta el momento.
La decisión de mantener a Peralta en libertad ha sido objeto de críticas por parte de otros sectores involucrados en el escándalo de la UNGRD. Defensores de otros procesados han cuestionado la disparidad en las medidas cautelares aplicadas por el alto tribunal.
«Por menos, están presos Iván Name y Andrés Calle.»
Apoderado de un procesado, vía El Tiempo
Esta comparación hace referencia a las medidas de aseguramiento que pesan sobre los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, quienes se encuentran privados de la libertad dentro de la misma investigación macro por el saqueo de recursos públicos. Mientras tanto, la Sala de Instrucción continúa analizando los argumentos presentados por la defensa de Peralta, que busca evitar a toda costa una medida de detención preventiva, dejando abierta la posibilidad de que el proceso retroceda a etapas previas si se llega a declarar la nulidad de la indagatoria.
Sources: El Tiempo.
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