Ocho de cada diez expertos en el sector inmobiliario han manifestado su oposición al endurecimiento de las regulaciones sobre la propiedad de una sola vivienda no residencial impulsado por el gobierno.
Los especialistas advierten que esta medida podría provocar una reducción en la oferta de alquileres privados, lo que incrementaría la carga económica y la presión habitacional para los demandantes reales de vivienda.
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