El presidente de la Comisión Electoral (Comelec), George Erwin García, advirtió que cualquier nuevo aplazamiento de las elecciones barangay y de los consejos de la juventud (SK) podría generar un vacío de poder en los niveles más locales del gobierno. Durante una entrevista, García señaló que posponer nuevamente estos comicios afectaría directamente la continuidad de los servicios y la representación en los barangay, especialmente en un contexto donde ya se han realizado múltiples ajustes al calendario electoral.
Por su parte, la Asociación Nacional para la Libertad de los Pueblos (Namfrel) se opuso firmemente a cualquier intento de retrasar las elecciones barangay, argumentando que ello vulnera el derecho de los ciudadanos a elegir sus líderes locales y debilita los mecanismos de rendición de cuentas a nivel comunitario. La organización enfatizó que la democracia participativa se fortalece con la puntualidad en los comicios, no con su postergación.
En el Senado, las opiniones están divididas respecto a la posible suspensión de las elecciones barangay y SK para 2026. Algunos legisladores expresaron preocupación por el impacto de la crisis económica y el aumento de los precios del petróleo en el presupuesto electoral, mientras que otros advirtieron que retrasar los comicios podría crear incertidumbre institucional y afectar la confianza pública en el proceso electoral.
Varios senadores también evaluaron la posibilidad de utilizar parte del presupuesto de P16 mil millones de pesos destinado a las elecciones barangay para atender la crisis energética, aunque reconocieron que tal medida requeriría una autorización legal específica y podría generar debates sobre las prioridades del gasto público en tiempos de emergencia nacional.
Además, se reportó que diversos grupos y sectores han impulsado nuevamente el impulso para posponer las elecciones barangay y SK, citando desafíos logísticos y financieros. Sin embargo, tanto la Comelec como organizaciones de la sociedad civil han reiterado que las elecciones deben realizarse conforme al calendario establecido, salvo que exista una decisión constitucional o legal que lo justifique de manera excepcional.
