Fiscalización deficiente: Corea del Sur pierde cientos de millones por transacciones familiares sin control y datos no utilizados
La Oficina Nacional de Impuestos de Corea del Sur (국세청) enfrenta críticas por su incapacidad para fiscalizar dos fuentes clave de evasión tributaria: las transacciones sin intereses entre familiares y la falta de aprovechamiento de datos fiscales de instituciones médicas ilegales. Según una auditoría realizada por la Oficina del Auditor General (감사원), estas fallas han generado pérdidas millonarias en la recaudación fiscal, agravando la presión sobre un sistema ya afectado por la caída en los ingresos tributarios.
El informe, divulgado este lunes, revela que la administración tributaria no ha implementado mecanismos efectivos para detectar operaciones financieras entre familiares que, al carecer de intereses, podrían encubrir transferencias de patrimonio con fines elusivos. Aunque la legislación coreana exige declarar este tipo de transacciones cuando superan ciertos umbrales, la ausencia de controles automatizados y la falta de cruce de datos con otras entidades estatales han permitido que estas prácticas pasen desapercibidas.
Datos de clínicas ilegales: un recurso sin explotar
Un segundo hallazgo de la auditoría expone una omisión aún más grave: la 국세청 no ha utilizado información fiscal recopilada sobre instituciones médicas que operan al margen de la ley. Estas clínicas, muchas de ellas vinculadas a esquemas de «hospitales fantasma» —donde profesionales registran sus actividades bajo nombres de terceros para evadir impuestos—, generan ingresos significativos que, al no ser declarados, reducen la base imponible del sector salud.
El informe no especifica el monto exacto de las pérdidas, pero las describe como «cientos de miles de millones de wons», una cifra que, de confirmarse, representaría un duro golpe para las finanzas públicas en un contexto de desaceleración económica. Expertos consultados por medios locales señalan que este tipo de omisiones refleja problemas estructurales en la gestión de datos entre agencias gubernamentales, donde la falta de interoperabilidad entre sistemas dificulta la identificación de irregularidades.
Implicaciones para la política fiscal
Las conclusiones de la auditoría llegan en un momento crítico para el gobierno surcoreano, que ha visto cómo los ingresos tributarios se contraen por segundo año consecutivo. Analistas advierten que, sin una reforma en los procesos de fiscalización —incluyendo la digitalización de registros y la colaboración con otras entidades—, las brechas en la recaudación podrían profundizarse.
El Ministerio de Economía y Finanzas aún no ha respondido públicamente a los hallazgos, pero se espera que en las próximas semanas anuncie medidas para fortalecer los controles sobre transacciones intrafamiliares y mejorar la integración de datos con organismos como el Servicio de Aduanas y la Agencia de Seguridad Sanitaria, encargada de supervisar el sector médico.
Mientras tanto, la presión sobre la 국세청 crece. Organizaciones empresariales han pedido mayor transparencia en los criterios de selección para auditorías fiscales, tras denuncias previas sobre la inclusión arbitraria de empresas en procesos de inspección. El caso subraya la necesidad de equilibrar la lucha contra la evasión con garantías procesales para los contribuyentes, un desafío que, según los auditores, la agencia aún no ha logrado resolver.
La situación también pone en evidencia las limitaciones de un sistema tributario que, pese a su sofisticación tecnológica, sigue dependiendo de procesos manuales para detectar fraudes complejos. En un informe paralelo publicado en febrero, la 국세청 reconoció que el 30% de las auditorías a grandes contribuyentes se basan en denuncias anónimas o información fragmentada, lo que reduce su eficacia.
Para los expertos, la solución pasa por adoptar herramientas de inteligencia artificial que permitan analizar patrones de comportamiento en tiempo real, así como por una mayor coordinación con autoridades extranjeras para rastrear flujos de capital que escapan al control local. Hasta entonces, las pérdidas por transacciones no declaradas y datos subutilizados seguirán siendo un lastre para las arcas estatales.
