La expresidenta de la Universidad de Limerick (UL), la profesora Kerstin Mey, ha solicitado una medida cautelar ante el Tribunal Superior para bloquear una nueva investigación relacionada con la compra de una propiedad por un valor de 12,5 millones de euros.
Los representantes legales de Mey argumentan que las alegaciones sobre si la docente engañó al Comité de Cuentas Públicas (PAC) del Dáil no pueden ser revisadas, ya que sostiene haber sido exonerada en una investigación previa y que las partes involucradas ya habían alcanzado un acuerdo.
El núcleo de la controversia es la adquisición, realizada en 2022, de un desarrollo de 20 viviendas en Rhebogue, condado de Limerick, que estaba destinado a albergar a 80 estudiantes de investigación y posgrado. Aunque la universidad desembolsó 12,5 millones de euros por la propiedad, el Contralor y Auditor General la valoró un año después en 6,5 millones de euros, situando su valor de uso en 7,4 millones de euros.
Debido a cuestionamientos sobre la debida diligencia y el cumplimiento de las políticas institucionales durante esta operación, la profesora Mey, experta en cultura visual, renunció a la presidencia de la UL en 2024 como parte de un acuerdo de liquidación, después de haber sido amenazada con acciones disciplinarias.
En una declaración jurada, Mey explicó que la compra provocó una polémica pública que derivó en la citación de una delegación de la universidad ante el PAC el 18 de mayo de 2023. Durante este proceso, surgió un conflicto sobre la ausencia de Andrew Flaherty, el director corporativo (CCO) de la UL.
Según se detalla, Flaherty no asistió a la reunión del comité a pesar de haberse alojado la noche anterior en el mismo hotel que la delegación y haber cenado con ellos con cargo a la universidad; además, presuntamente solicitó el reembolso de sus gastos de viaje a Dublín. La situación se agravó al emerger que Flaherty habría estado enviando mensajes de texto a la delegación durante la sesión del PAC. La existencia de dos versiones contradictorias sobre su inasistencia fue lo que impulsó la apertura de una nueva investigación.
Como parte de las repercusiones, en agosto de 2023, Caroline Jenkinson fue designada por un Grupo de Divulgaciones Especiales de la universidad, tras una denuncia protegida presentada ante el Ministro de Educación Superior y Formación Profesional.
