Un residente del condado de Macomb ha sido condenado a prisión federal por su participación en un fraude que obtuvo millones de dólares del programa federal COVID-19, según informaron los fiscales el viernes.
Samer Kammo, de 46 años y residente de Shelby Township, fue sentenciado el jueves por el juez del Distrito de EE. UU. Jonathan J.C. Grey a 36 meses de prisión federal después de declararse culpable de conspiración para cometer fraude de transferencia bancaria, según el fiscal Jerome F. Gorgon Jr.
Las autoridades indicaron que Kammo y sus cómplices, incluidos familiares, idearon un plan para robar fondos del Programa de Protección de Nómina (PPP), creado para ayudar a individuos y empresas durante la pandemia. El fraude resultó en aproximadamente 2.5 millones de dólares para Kammo y sus familiares, según las autoridades.
Jennifer Runyan, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en Detroit, declaró que los acusados “intentaron engañar al sistema” aprovechándose del programa de ayuda destinado a los estadounidenses necesitados.
“Que este caso sirva como un claro mensaje: el crimen no paga”, dijo Runyan en un comunicado de prensa. “El FBI Detroit y HSI Detroit trabajan juntos para responsabilizar a los defraudadores y proteger los dólares de los contribuyentes. Si abusa de los programas gubernamentales para beneficio personal, será encontrado y enfrentará graves consecuencias legales”.
Según los registros judiciales, Kammo y sus cómplices presentaron solicitudes de PPP fraudulentas para varias entidades comerciales. Estas solicitudes tergiversaron la información de la nómina de las empresas y certificaron falsamente que los fondos del préstamo PPP se utilizarían para fines comerciales permitidos.
Los fiscales federales también señalaron que los acusados crearon registros falsos de nómina, seguros médicos, bancarios e impuestos que presentaron junto con las solicitudes de préstamos PPP.
Los documentos judiciales revelan que los conspiradores se apropiaron indebidamente de la información de identificación personal de varios miembros de la familia de Kammo para cometer su delito, incluida la de su propia madre.
Kammo y sus familiares recibieron casi 2.5 millones de dólares en fondos de préstamos PPP fraudulentos, según las autoridades. El juez también ordenó a Kammo pagar 2,493,348.50 dólares en restitución.
Su coacusado, Rita Shaba, ya había sido sentenciada a 27 meses de prisión. La esposa de Kammo, Christina Anasi, aún no ha sido sentenciada.
Kammo ya había sido sentenciado a tres años de prisión federal por vender drogas en la licorería de sus padres.
El Programa de Protección de Nómina fue creado por el Congreso para brindar asistencia a las empresas afectadas por las disrupciones económicas causadas por la pandemia de Covid-19.
Jared Murphey, Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, declaró en el comunicado: “Aunque la pandemia ha quedado atrás, HSI y nuestros socios se comprometen a responsabilizar a los defraudadores por el fraude del PPP. Ahora debería quedar claro que si obtuvo fondos gubernamentales de forma fraudulenta durante la pandemia, será responsabilizado”.
