El Gobierno ha anunciado una ampliación significativa de la responsabilidad de la educación pública, incorporando oficialmente las áreas de arte, educación física y discursos escritos dentro del currículo obligatorio. Esta medida forma parte de un plan más amplio destinado a reducir la dependencia de la educación privada suplementaria, especialmente en lo relacionado con los exámenes de ingreso a la universidad.
Según las nuevas directrices, los contenidos evaluados en pruebas como el examen de ingreso a la universidad, las evaluaciones internas escolares y las pruebas específicas de cada institución educativa deberán estar estrictamente alineados con lo enseñado en las aulas públicas. El objetivo es evitar que se planteen preguntas que excedan el nivel y el alcance del programa oficial, lo que históricamente ha impulsado el crecimiento de academias especializadas en preparación para exámenes.
Además, el plan incluye fortalecer los servicios de cuidado y actividades extracurriculares en jardines de infancia y escuelas primarias, integrándolos formalmente al sistema público de educación para disminuir la demanda de apoyo privado en esas etapas.
Aunque se reconoce el esfuerzo por limitar la influencia de la educación privada en el acceso a la educación superior, expertos y organizaciones civiles han expresado dudas sobre la efectividad real del anuncio, señalando que ciertas políticas vigentes —como la mantenimiento de escuelas especializadas con selección académica y la expansión de evaluaciones diferenciadas— podrían seguir generando incentivos para la contratación de tutores externos.
