El alcalde de Houston, John Whitmire, firmó una orden ejecutiva para limitar la cooperación de la policía municipal con las autoridades federales de inmigración tras los resultados electorales en Texas. La directiva establece que los agentes del Departamento de Policía de Houston solo se comunicarán con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuando una persona detenida enfrente un cargo que amerite cárcel y cuente con una orden administrativa federal de arresto.
La medida modifica una pauta previa que obligaba a los uniformados a retener a personas por sospechas migratorias y notificar a la agencia federal incluso en infracciones menores de tráfico. El cambio busca reducir la ansiedad en las comunidades locales y alinear las operaciones policiales con las prioridades de la nueva dirigencia estatal demócrata que asumirá funciones en enero de 2027.
Modifican el protocolo policial en Houston
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Houston police have been continously working with ICE under the orders of John Whitmire, HPD doesn't want their crimes to come out in court. The ICE collaboration has gone on too long, repeal the Abbott amendment. https://t.co/hh4ddN2sWB
Bajo las nuevas reglas explicadas por el jefe de policía J. Noe Diaz, una persona detenida por una infracción menor de tráfico que reciba una citación podrá continuar su camino sin intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Las autoridades policiales ya no realizarán llamadas automáticas a las oficinas federales por órdenes de carácter administrativo a menos que exista un delito punible con privación de libertad.
El alcalde Whitmire señaló en conferencia de prensa que la decisión responde a la necesidad de iniciar un proceso de sanación y disminuir el temor entre los residentes. «Elections matter», recalcó el mandatario municipal al justificar la modificación y mencionar sus conversaciones con legisladores y líderes estatales.
El jefe de policía J. Noe Diaz respaldó la nueva directiva durante el anuncio oficial realizado junto al alcalde, confirmando que su dependencia ya comenzó a implementar las modificaciones necesarias en el protocolo diario de los agentes en las calles de la ciudad. «Today Houston won. Today our community can breathe easier», declaró en un comunicado Cesar Espinosa, director ejecutivo de la organización de derechos de los inmigrantes FIEL Houston, al calificar la medida como una victoria largamente esperada para los habitantes.
La presión financiera y el contexto legislativo estatal
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La política anterior del consistorio había sufrido modificaciones a lo largo del año debido en gran medida a la presión ejercida por el gobernador Greg Abbott, quien había amenazado públicamente con retirar aproximadamente 110 millones de dólares en fondos públicos de seguridad si la ciudad limitaba sus reportes migratorios conforme a la legislación vigente conocida como Senate Bill 4. El ayuntamiento se había visto obligado a dar marcha atrás a directrices restrictivas previas tras recibir advertencias directas sobre la pérdida de recursos financieros esenciales para los servicios municipales.
Informes periodísticos y registros públicos revelaron que la policía local contactó a los agentes federales al menos 107 veces en los primeros ocho meses de 2025, un incremento en comparación con las nueve veces que lo hizo en todo 2024, lo que había generado intensos debates públicos entre los miembros del cabildo y las autoridades del orden.
Responden autoridades federales y ciudades texanas
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En su declaración pública, un portavoz del organismo federal enfatizó que las asociaciones con las policías locales son indispensables para mantener los recursos necesarios en la detención de infractores de las leyes migratorias a nivel nacional. Asimismo, la dependencia federal alertó que estas restricciones en la cooperación podrían modificar la forma en que los oficiales federales despliegan sus operativos de campo en respuesta a las nuevas directrices municipales.
Por su parte, en San Antonio, la alcaldesa Gina Ortiz Jones anunció que pedirá evaluar medidas similares para limitar el alcance de las notificaciones policiales a la agencia federal, argumentando que las corporaciones municipales deben enfocar sus esfuerzos exclusivamente en la seguridad pública ciudadana.
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