El Gobierno ha aprobado el Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral, una norma que busca delimitar la frontera entre formación y empleo y erradicar los fraudes de los falsos becarios. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lo ha presentado como “la reforma laboral para la gente joven”, destacando que se enmarca en el diálogo social y agradeciendo el trabajo realizado por sindicatos y patronal.
La nueva legislación refuerza el régimen sancionador, estableciendo multas que podrán superar los 250.000 euros en caso de vulneraciones. Además, otorga un elenco de derechos a las personas en formación, incluyendo la compensación por los gastos que irrogue la práctica no laboral en las empresas.
Díaz ha señalado que el objetivo es combatir la precariedad juvenil y erradicar las distorsiones generadas por el uso fraudulento de figuras formativas, un fenómeno que ha provocado “una huida del derecho laboral” y una distorsión en la economía española.
Multas y contratos
La ministra ha advertido que la Inspección de Trabajo elevará las cuantías de las sanciones en caso de incumplimiento, lo que encarecerá la contratación de becarios tanto para las empresas que cumplen la norma como para aquellas que no. La posibilidad de una sanción implica también un riesgo de litigio, conflicto y pérdida de reputación.
Además, la norma impone nuevas obligaciones a las empresas, como la figura de un tutor que vele por el bienestar del becario, el registro escrito de los detalles de la relación y un acuerdo o convenio firmado con el centro educativo. Estas nuevas exigencias podrían suponer una barrera para las PYME.
Según el Tribunal Supremo, una persona en prácticas no laborales no podría publicar contenido en medios televisivos o redes sociales, ya que no puede haber lucro o beneficio mercantil asociado a estas prácticas. De hecho, el Supremo ha resuelto reiteradamente qué constituye una relación laboral encubierta bajo prácticas.
La norma establece que los becarios no pueden realizar tareas que impliquen cercanía al público o participación en el proceso de producción-elaboración-venta. En caso de que un becario demuestre su valía, la norma busca incentivar a las empresas para que le ofrezcan un contrato indefinido.
La ministra ha defendido que la legislación busca proteger a los jóvenes, pero ha reconocido que la clave del éxito reside en la productividad y el valor que el trabajador aporta a la empresa. Ha señalado que, en el contexto actual, con el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, es crucial garantizar que los jóvenes tengan oportunidades de desarrollo profesional.
En España, se ha decidido encarecer la contratación de becarios en un momento en que la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral y poniendo en riesgo los empleos de los recién graduados.
